El reto de regular sin reprimir
Actualizar el marco legal no puede abrir la puerta al control político de los contenidos ni legitimar organismos que operen al margen de las garantías constitucionales.
Luis Rubio Sánchez
En las películas de Hollywood, las grandes decisiones normativas se convierten en dramas épicos, repletos de giros, tensiones y zancadillas. La diferencia con la vida real tal vez sea que no contamos con una banda sonora de John Williams.
Sin embargo, las posturas son igual de intensas. Las redes como X (antes Twitter) se han transformado en verdaderos cuadriláteros donde todo parece estar permitido. Uno de los casos más recientes es el proyecto de ley orgánica de libertad de expresión y medios audiovisuales, presentado por el Poder Ejecutivo ante el Congreso Nacional.
El texto, ambicioso y necesario en varios aspectos, busca modernizar un marco jurídico que acumula más de seis décadas de obsolescencia. Sustituir la Ley 6132 constituye una deuda institucional impostergable.
Sin embargo, entre las buenas intenciones y los riesgos reales, existe un tramo delicado que debe recorrerse con responsabilidad democrática.
Los desafíos
El primer desafío es cómo regular sin reprimir. Actualizar el marco legal no puede abrir la puerta al control político de los contenidos ni legitimar organismos que operen al margen de las garantías constitucionales.
El Instituto Nacional de Comunicación (INACOM), propuesto como ente regulador, ha generado posiciones encontradas. Aunque se le define como autónomo, tanto el proceso de designación de sus autoridades como el alcance de sus atribuciones —que incluyen sancionar medios, suspender transmisiones y eliminar contenidos— despiertan legítimas preocupaciones sobre su independencia real.
Voces críticas, como la del juez emérito Rafael Díaz Filpo, han advertido que estas disposiciones podrían vulnerar frontalmente el artículo 49 de la Constitución, que prohíbe la censura previa, así como el artículo 69, sobre tutela judicial efectiva.
El debate no es meramente técnico: es profundamente político y ético. Regular sin silenciar requiere de un equilibrio fino, casi artesanal.
Y no se trata solo de proteger al periodismo profesional. También está en juego el derecho de cada ciudadano a expresarse, informar y disentir. En un entorno digital, descentralizado e hiperconectado, las barreras regulatorias pueden transformarse fácilmente en obstáculos para nuevas voces, medios emergentes o plataformas alternativas.
El artículo 24 del proyecto, por ejemplo, establece que las plataformas digitales con más de un 10 % de usuarios dominicanos deberán contar con representación legal en el país. Aunque comprensible desde una perspectiva regulatoria, esta exigencia podría convertirse en un obstáculo para la libre circulación de ideas en un ecosistema global.
Es cierto que esta medida se asemeja a la adoptada por la Unión Europea respecto al almacenamiento de datos. No obstante, los poco más de 11 millones de habitantes de la República Dominicana no representan, en términos de mercado ni capacidad de presión, lo mismo que los 429.7 millones de ciudadanos europeos.
Los avances
Por otro lado, el proyecto también introduce avances importantes. Reconoce la cláusula de conciencia, el secreto profesional, el derecho a Internet y la prohibición explícita de la censura previa.
Además, incorpora principios clave como el pluralismo, la neutralidad de la red, el acceso equitativo a medios públicos y los derechos de las audiencias —especialmente niños, adolescentes y personas con discapacidad—. Este enfoque garantista debe ser defendido y potenciado en el debate legislativo.
El informe más reciente sobre libertad de expresión ubica a la República Dominicana en segundo lugar a nivel regional, con una puntuación destacada. No se registran persecuciones sistemáticas ni asesinatos de periodistas.
Sin embargo, persisten desafíos relevantes: el control indirecto de medios, la débil protección institucional al ejercicio periodístico y casos no resueltos de desinformación digital. El país necesita no solo leyes modernas, sino también instituciones sólidas, mecanismos transparentes y una ciudadanía activa.
La clave está en construir confianza. Para que una ley de libertad de expresión tenga legitimidad, debe ser fruto de un proceso colaborativo, transparente y plural. Es indispensable incorporar a gremios periodísticos, defensores de derechos humanos, académicos, legisladores de distintos sectores y representantes de medios.
Esta ley no puede ser percibida como un logro político del gobierno en su disputa con otros actores. Debe concebirse como una ley para la democracia, el antídoto contra el pensamiento único y una garantía para la estabilidad social que el país ha sostenido.
Ojalá que el proceso de diálogo generado en torno a este proyecto de ley conduzca al fortalecimiento institucional y democrático del país. La discusión no es solo legítima, sino necesaria.
Es el camino más seguro para lograr un equilibrio justo entre la regulación indispensable y la garantía irrenunciable del derecho de toda persona a expresarse, informarse y participar activamente en la vida pública.
Luis Rubio SánchezProfesional de la comunicación, especializado en la dirección y planificación de estrategias alineadas a los objetivos de negocio. Es director de Cuentas en Newlink Dominicana.
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