Diputados tildan de "excesiva e innecesaria" la medida del MAP que pide presentar facturas

Ante la disposición del Ministerio de Administración Pública (MAP) para que los empleados públicos presenten sus facturas del agua y la luz, los diputados de diferentes partidos calificaron la medida como "excesiva e innecesaria", además de considerar que está apartada de los principios constitucionales.

En una circular, el MAP instruyó a los organismos gubernamentales a recopilar los datos sobre el cumplimiento de pago de servicios públicos, como el agua y la energía eléctrica, por parte de los empleados del Estado.

De acuerdo con el diputado Ignacio Aracena, la medida "es excesiva" y está "fuera de contexto" porque viola la privacidad de los empleados públicos, por lo que pidió a las autoridades ser más consecuentes con la disposición.

Aracena señaló que las autoridades "tienen tiempo de recapacitar" en su decisión y retomarla con explicaciones claras que expongan el verdadero sentido de la medida.

Otro perremeísta, el diputado Eugenio Cedeño, expresó que la disposición del MAP "se desborda" de sus atribuciones y favoreció que la decisión no sea usada para aplicar correcciones coercitivas, sino para conocer la realidad de los empleados públicos y mejorar sus condiciones de vida.

"No creo que ningún empleado esté obligado a cumplir con el requerimiento y, si lo hace, debe ser en un marco de colaboración, pero no de obligación", enfatizó el diputado de La Romana.

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Sobre la medida también opinaron los diputados opositores. Tobías Crespo, representante del Distrito Nacional por la Fuerza del Pueblo, dijo que la decisión del MAP es "innecesaria" porque, a su juicio, la entidad pública "no puede meterse en la vida privada" de los empleados.

En ese orden, precisó que la medida evidencia la falta de planificación y proyectos en los ministerios del Estado que, como citó, toman decisiones que no les corresponde.

De su lado, el diputado José David Báez, de la Fuerza del Pueblo, manifestó que la ley de Función Pública no contiene ningún artículo tendente a obligar a los empleados a presentar las facturas de sus servicios públicos, por lo que el pedimento no puede ser cumplido porque no es reglamentario.

"Vamos a pensar que son buenas intenciones, pero el ministro se excedió porque la ley establece lo que él debe exigir y lo que no", argumentó el legislador de la oposición.

La medida

En un plazo de 15 días laborales, el MAP indicó que las direcciones de recursos humanos de cada institución pública deberán recopilar la información respecto a si los empleados tienen contrato de energía eléctrica y de servicio de agua potable. Si no lo tiene, deberá especificar a nombre de qué familiar está.

A través de una nota de prensa, significó que la medida, que "busca mejorar la calidad de los servicios públicos y asegurar las normativas vigentes", tiene como propósito la actualización de las bases de datos del MAP, correspondientes a estas obligaciones de pago, así como identificar posibles casos en los que estos pagos de servicio no estén siendo efectuados.

Ismael Hiraldo

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Periodista dominicano. Escribe sobre temas legislativos y políticos.