Nueva ley de la DNI: prisión de hasta tres años a quien divulgue una información secreta
La propuesta fue aprobada en segunda lectura y ahora pasa la Cámara de Diputados
Pedro Martín Sánchez
El Senado aprobó este jueves en segunda lectura el proyecto ley orgánica que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), una normativa que busca blindar al país de las amenazas del terrorismo, narcotráfico, lavado de activos, ataques cibernéticos, corrupción, tráfico de armas, crímenes internacionales, migración irregular, entre otros ilícitos.
La legislación, sustentada en el artículo 261 de la Constitución y que regula el Sistema Nacional de Inteligencia, crea el Departamento Nacional de Investigaciones, que será dotado de las herramientas para detener esos peligros.
En ese sentido, el artículo 28, referente a las sanciones penales, señala que: "Quien, no obstante, la autorización judicial de la autoridad competente, oculte datos o informaciones relativas a la seguridad nacional, requeridas por la DNI, sobre las cuales tenga conocimiento, será sancionado con prisión menor de dos a tres años y multa de nueve a quince salarios mínimos del sector público".
El 29 y 30 fijan condena de dos a tres años de prisión y multa de hasta 15 salarios del sector público a "quien divulgue o destruya informaciones sometidas a secreto oficial", así a quien utilice documentos de identificación, usurpe u obstruya funciones de la DNI".
Atribuciones de la DNI
En cuanto a las atribuciones de la DNI están: investigar actividades de personas y grupos que atenten contra los intereses nacionales; a las instituciones del Estado, sin perjudicar las funciones del Ministerio Público; reunir información relevante sobre la seguridad nacional, evaluar las amenazas al orden constitucional, así como contrarrestar actividades de personas, organizaciones o gobiernos extranjeros que representen riesgos para la seguridad y soberanía nacional.
- Otros puntos de la propuesta de ley es que los militares y policías asignados a la DNI recibirán los beneficios y derechos de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas y no deben participar en actividades políticas.
El anteproyecto surge luego de que el Tribunal Constitucional anulara la Ley 01-24. Fue sometido por Ricardo de los Santos, presidente del Senado, va ahora a la Cámara de Diputados para su conocimiento y evaluación.
Pedro Martín SánchezDe Arroyo Cano, San Juan. Periodista en Diario Libre. Apasionado con la programación web, el marketing digital y el SEO.
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