Comisión analiza correcciones del Gobierno a Ley Cámara de Cuentas

Una comisión permanente de la Cámara de Diputados se reunió este miércoles para estudiar las correcciones que hizo el Poder Ejecutivo al proyecto de ley de Cámara de Cuentas y compararlas con la iniciativa original que fue aprobada en la cámara baja.

De acuerdo con el diputado Rogelio Alfonso Genao, presidente de la comisión, el equipo decidió hacer una matriz comparativa entre el proyecto que aprobaron los legisladores y los 24 puntos observados por el Poder Ejecutivo, que están basados esencialmente en el freno a los conflictos internos en la Cámara de Cuentas.

La comisión volverá a reunirse el miércoles en la mañana para analizar la propuesta del Gobierno sobre el proyecto que se aprobó en julio de 2023 en medio del conflicto en la Cámara de Cuentas.

En las observaciones, el presidente Luis Abinader enumeró una serie de cambios al proyecto que aprobaron los legisladores y propuso modificaciones para evitar enfrentamientos entre los cinco miembros titulares del Pleno del organismo fiscalizador, así como el endurecimiento de las penas a los funcionarios que cometan corrupción.

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Conflictos

A mediados del 2023, los actuales titulares de la Cámara de Cuentas protagonizaron un conflicto en el que se acusaban de usurpar funciones y, en ese orden, el Poder Ejecutivo propuso eliminar el párrafo dos del artículo 30 del proyecto de ley, que daba poder a los miembros del Pleno para abrir sesiones ordinarias en caso de que el presidente del órgano fiscalizador se niegue a encabezar las reuniones.

Asimismo, el Gobierno sugiere cambiar el artículo 31 del proyecto para que las sesiones sólo sean legítimas si están presentes tres de los cinco miembros titulares, mientras que en las extraordinarias deberán estar presentes cuatro funcionarios. El proyecto de los legisladores exponía que las sesiones debían contar con la presencia de la mitad más uno de los miembros del Pleno.

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Infracciones

En su parte final, la observación del Poder Ejecutivo aumenta de cuatro a 31 las infracciones administrativas establecidas en el proyecto de ley y propone el endurecimiento de las consecuencias para quienes violen la normativa.

En ese orden, atendiendo a la gravedad del ilícito cometido, un funcionario podría pagar multas de hasta mil salarios mínimos y enfrentar un proceso penal en su contra si comete abuso de autoridad, recibe sobornos, contrae compromisos personales a nombre la entidad que dirige, recaudar ilegalmente recursos del Estado, exigir sumas de dinero no previstas en la ley, no investigar las faltas de sus subalternos y no depositar en cuentas bancarias oficiales los recursos que ingresen a su institución.

Ismael Hiraldo

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Periodista dominicano. Escribe sobre temas legislativos y políticos.