VIDEO | Estiman que áreas protegidas requieren 7,000 millones de pesos al año para manejo
El Ministerio de Medio Ambiente plantea enfoque social para frenar la extracción ilegal de agregados, asegura su titular
Paola Wisky
Alrededor de 120 millones de dólares al año —más de 7,000 millones de pesos— se estima que requieren las áreas protegidas de la República Dominicana para un manejo óptimo, informó el ministro de Medio Ambiente, Paíno Henríquez.
El funcionario sostuvo que ese monto surge de las estimaciones presentadas en estudios de viabilidad y factibilidad de las áreas protegidas del país, realizados por organismos internacionales y el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec).
Agregó que, con los recursos que actualmente maneja el Ministerio de Medio Ambiente, "no llegamos ni al 10 % para poder dar un servicio óptimo".
Henríquez señaló que los estudios de factibilidad y costos de las áreas protegidas arrojaron que estos espacios aportan al Producto Interno Bruto del país 2,700 millones de dólares por concepto de servicios ecosistémicos, debido a que el agua procedente de estas áreas es empleada para la agricultura, el turismo y las hidroeléctricas. Sin embargo, es "muy mínimo" lo que llega a estos espacios.
"Las áreas protegidas generan casi el 80 % del agua que se consume, pero, lamentablemente, no pagamos el servicio (...) Debería cobrarse para poder tener esa protección ahí arriba (en las montañas)", sostuvo.
"De lo que facturan las hidroeléctricas, entra una suma muy mínima para servicios ambientales. El sector turismo no aporta nada al medio ambiente, además de un pago de impuestos relativo que se hace con los consumidores. Esa es una discusión que tenemos que tener en los próximos años; trabajar con esas limitaciones va a dar unos resultados muy limitados", agregó.
Planes de manejo
Al ser consultado sobre el estatus de los planes de rescate en áreas protegidas que durante años han sido gravemente amenazadas, el funcionario indicó que en los próximos meses se finalizarán los planes de manejo de 10 áreas.
"Adicionalmente, estamos cubriendo y mejorando las infraestructuras ya terminadas de casi el 40 % de las áreas protegidas de todo el territorio. Ya acabamos con isla Saona, Sierra de Bahoruco, Valle Nuevo y Los Haitises", añadió.
El elemento social: un olvidado en el combate a la extracción de agregados
Paíno Henríquez dijo que es fundamental tratar el aspecto social en el combate de la extracción de agregados de los ríos, considerado por el Gobierno como un flagelo similar al narcotráfico.
"Estamos diseñando un proyecto de reglamento que busca la formalización de algunos de esos sectores y comunidades, no para operar dentro de un río, sino para buscar la forma de agruparlos en una cooperativa y poder facilitarles una cantera seca", indicó.
Al ser consultado sobre cómo va a diferenciarse esta medida de la dispuesta por el Ministerio durante la gestión de Miguel Ceara Hatton, que habilitaba el uso de canteras secas, Henríquez señaló: "Aquí el tema es social. Tenemos que sentarnos con esas comunidades y llegar a acuerdos".
Permisología
El titular de Medio Ambiente indicó que ese ministerio continúa las labores para agilizar los procesos de permisología. "Antes de la pandemia, los volúmenes de permisología del Viceministerio de Gestión Ambiental rondaban los 2,500. Nosotros cerramos el año pasado con 4,500 permisos y la proyección que tenemos a mayo de este año es que vamos a superar los 6,000 permisos. Eso muestra que las personas se están formalizando", detalló.
El funcionario informó, además, que para este mes de junio se prevé la puesta en marcha de una estrategia de estandarización de los términos de referencia de las solicitudes de permisos que se hacen al ministerio, un proyecto que fue impulsado por el Banco Interamericano de Desarrollo y que fomentaría el ahorro en los plazos para las autorizaciones.
¿En qué está el Observatorio de Políticas Ambientales?
En 2024, el Gobierno y la Coalición para la Defensa de las Áreas Protegidas suscribieron un acuerdo que incluía la creación del "Observatorio de Políticas Ambientales y Áreas Protegidas", para servir como veedor y ente de consulta del Ministerio de Medio Ambiente en aspectos vinculados a la protección, conservación y uso sostenible de los recursos naturales.
Sobre el estatus del observatorio, el ministro indicó que fue concluido un borrador definitivo de un reglamento de gobernanza que define cómo trabajará el ministerio con la coalición. "Ellos (el colectivo) están finalizando su formación, porque la coalición no tenía personería jurídica. Pero ya hemos tenido varias reuniones", agregó.
El ministro se expresó en esos términos durante la firma de un acuerdo suscrito con la Fundación Progressio para la actualización del plan de manejo de la Reserva Científica Ébano Verde.
Paola WiskyEgresada de la UASD de la carrera de Comunicación Social, mención Periodismo. Ha participado como colaboradora en programas radiales y como periodista en El Nuevo Diario y Diario Libre.
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