Ambientalistas resaltan importancia del "permiso social" en los proyectos mineros

Expertos del sector ambiental instaron a las autoridades escuchar a las comunidades que serían impactadas por proyectos de minería, ya que, a su juicio, el permiso social que otorgan es esencial para fomentar estas iniciativas. 

Así coinciden Luis Carvajal, director de la Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo; Fernando Peña, coordinador del Observatorio de Políticas Públicas de la UASD; y Maritza Ruiz, investigadora en término de industria extractiva.

De acuerdo a un comunicado, Carvajal hizo referencia al caso de una grancera que busca instalarse en el distrito municipal El Cachón, en la provincia Barahona. Consideró que en el proyecto que se está planteando en El Cachón todavía no hay un permiso y que "cualquier tipo de extracción que haya es irregular y constituye una violación que demanda la intervención de las autoridades". 

 "Ya la comunidad ha empezado a manifestarse, por lo tanto, es casi imposible que un proyecto minero en esa zona o cualquier sitio pueda conseguir el permiso de una sociedad que ya habló en voz alta, no nos confundamos ahí todavía no hay un permiso y va a ser muy difícil que lo haya, porque la comunidad no va a permitir que en esa zona se realice una explotación", dijo el experto al referirse a manifestaciones de comunitarios en rechazo a la instalación de la grancera.  

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Fernando Peña denunció que en muchos proyectos mineros no se realizan las consultas públicas estipuladas por la ley y que las empresas "simulan y ponen a los propios beneficiarios de las iniciativas mineras a hacer las consultas y las validan". 

Luis Carvajal dijo que los reglamentos de evaluación ambiental establecen dos momentos de contacto con la población: uno en la fase inicial del proyecto en la cual las empresas están obligadas a presentar a la comunidad el proyecto con los pros y los contras.

Sostuvo que el otro momento es cuando se hace el estudio de impacto ambiental y se debe presentar en una consulta pública a la comunidad que puede aprobarlo o rechazarlo.

En tanto que Maritza Ruiz lamentó que las autoridades no escuchen a las comunidades y que no desempeñen su rol de supervisión.

Diario Libre

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