Un tropiezo del Código Laboral

El consenso, concepto introducido por monseñor Agripino Núñez Collado en la vida política dominicana, ha sido desde entonces un instrumento confiable para resolver diferencias en torno a temas diversos.

Este permite la toma de decisiones informadas, fomenta el respeto mutuo y conduce a soluciones más efectivas. Sin embargo, cuando se alcanza un consenso en una discusión, debate o reunión, y este no se respeta al redactar el documento final, es inevitable que surjan conflictos y tensiones entre las partes involucradas. En consecuencia, se compromete la efectividad del documento, al no reflejar lo acordado.

Eso parece haber ocurrido con el proyecto de reforma del Código de Trabajo, cuya aprobación en primera lectura en el Senado llevó a la Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago (ACIS) a emitir un comunicado —respaldado por 38 organizaciones comerciales— en el que se rechaza dicha aprobación por no haberse respetado el consenso alcanzado durante las reuniones sostenidas.

Los empresarios de la ACIS señalan que "esa objeción no se debe a una falta de acuerdo o empatía con la necesidad de mejorar las condiciones laborales de nuestros colaboradores". Por el contrario, afirman: "los suscribientes siempre han estado y están a favor de un marco laboral justo y equitativo". Y enfatizan: "sin embargo, nuestra principal preocupación radica en la drástica desviación del consenso tripartito que se había alcanzado tras trece años de arduas discusiones entre sindicatos, gobierno y sector empresarial".

De acuerdo con los empresarios y comerciantes, el proyecto aprobado por el Senado "se aleja de manera preocupante de los acuerdos previamente establecidos, lo que ha generado un justificado malestar en el sector productivo nacional". Y continúan: "resulta inadmisible que después de meses de negociaciones y esfuerzos por lograr puntos de encuentro, se apruebe una iniciativa que desconoce los compromisos, poniendo en riesgo la seguridad jurídica y la competitividad de las empresas".

Las entidades firmantes advierten que, de aprobarse ese proyecto de ley en los términos actuales, "podría desencadenar una oleada de despidos de trabajadores, afectando seriamente el empleo formal en el país".

Los legisladores que participaron en estas prolongadas negociaciones —que tomaron años, según el comunicado— deben ser cuidadosos y respetar los acuerdos alcanzados con representantes de un sector clave de la economía nacional. Estos ciudadanos tienen pleno derecho a sentirse desconsiderados cuando lo pactado no aparece reflejado en los documentos finales.

Este tipo de conducta, en lugar de fortalecer la comunicación efectiva, socava la utilidad de un instrumento de diálogo como el consenso, y mina la confianza de quienes han apostado por mecanismos democráticos para defender sus legítimos intereses dentro del marco institucional vigente en el país.

Lo más sensato sería mejorar la comunicación entre las partes involucradas y quienes redactan el documento final, para validarlo conjuntamente y asegurar que este refleje fielmente el consenso logrado.

La transparencia, en estos casos, debe mantenerse durante todo el proceso de elaboración del texto legal, a fin de evitar malentendidos que luego provocan retrasos en la promulgación de las leyes, retrasos que en muchos casos se prolongan por años.

Si se parte de la buena voluntad de las partes —como debe presumirse— lo prudente es revisar el proyecto de ley, retomar el diálogo y aprender de lo ocurrido, a fin de no repetir los mismos errores.

El sistema democrático, a pesar de sus tropiezos, sigue siendo el camino más adecuado para resolver los conflictos mediante el diálogo y el respeto a lo acordado.

Luis González Fabra