Condena de la memoria

Este llamado implica un amplio y profundo debate centrada en el delicado equilibrio entre la libertad de expresión y la imperativa necesidad de salvaguardar a la sociedad de discursos que incitan a la violencia, la discriminación y la deshumanización. La dignidad de una nación se mide por cómo maneja su memoria y por cómo reacciona ante quienes intentan envilecerla.

La historia nos ofrece herramientas poderosas para enfrentar los desafíos del presente. Una de ellas es la "Damnatio Memoriae", una expresión latina que se traduce como "condena de la memoria". En la antigua Roma, este no era un mero castigo, sino una estrategia radical para borrar por completo la existencia y el legado de traidores o enemigos del Estado. El objetivo era deslegitimar y erradicar cualquier rastro de la persona, impidiendo que su figura sirviera de ejemplo o inspiración.

Este proceso de borrado se manifestaba de diversas maneras: la destrucción de estatuas y monumentos, la eliminación de nombres de documentos oficiales y archivos, la anulación de honores y propiedades, e incluso la destrucción de obras. La premisa era clara: si no había registro de su existencia, la persona nunca había existido verdaderamente, eliminando así cualquier influencia negativa.

Un concepto antiguo para desafíos modernos

Aunque la aplicación literal de la "Damnatio Memoriae" es impensable en las democracias modernas, el concepto subyacente de condenar y repudiar públicamente la glorificación de figuras o ideologías dañinas sigue siendo de una relevancia apremiante. No se trata de borrar la historia, sino de asegurar que esta se interprete de manera crítica, sin enaltecer el crimen, la opresión o la violencia. En la República Dominicana, por ejemplo, la glorificación del trujillismo o del narcotráfico representa un desafío directo a la memoria histórica y a la dignidad nacional.

En la actualidad, esta "condena de la memoria" social se manifiesta como un rechazo colectivo y activo a discursos que buscan blanquear o enaltecer crímenes y criminales. Implica que la sociedad, a través de sus líderes de opinión, educadores, medios de comunicación y ciudadanos, repudie enérgicamente cualquier intento de normalizar o admirar a figuras que han causado un daño incalculable. Es una batalla por la narrativa, donde se busca asegurar que el "legado" de estas personas sea el de la condena y la vergüenza, no el del orgullo o el éxito.

Legislar contra la apología del crimen y el odio

La necesidad de esta "Damnatio Memoriae" moderna resalta la importancia crucial de legislar contra la glorificación de crímenes y discursos de odio. Este llamado implica un amplio y profundo debate, centrado en el delicado equilibrio entre la libertad de expresión y la imperativa necesidad de salvaguardar a la sociedad de discursos que incitan a la violencia, la discriminación y la deshumanización.

Legislar para prohibir la glorificación de ideologías como el fascismo, el racismo y el trujillismo, así como la promoción del odio, el feminicidio, el narcotráfico y cualquier forma de desprecio a la dignidad humana, se alinea con la protección de otros derechos esenciales y la cohesión social. Es fundamental aclarar que estas limitaciones no atentan contra la libertad de expresión como derecho fundamental.

Límites de la libertad de expresión

La mayoría de las democracias modernas reconocen que la libertad de expresión no es un derecho absoluto, por lo que se entiende que puede y debe ser limitada cuando colisiona con otros derechos fundamentales o con el orden público y la seguridad nacional.

En este sentido, la República Dominicana, como parte de la comunidad internacional, tiene la responsabilidad de garantizar que la expresión no se convierta en una herramienta para socavar la dignidad humana y la convivencia pacífica. La glorificación del crimen y de regímenes autoritarios, en lugar de ser una simple opinión, se convierte en una peligrosa incitación que puede tener consecuencias devastadoras para la sociedad.

Un vacío en la legislación dominicana

La descarada jactancia de figuras como Quirino Ernesto Paulino Castillo, al afirmar con orgullo su papel como "padre de todos los capos", no solo hiere la dignidad y la moral de la República Dominicana, sino que también expone un preocupante vacío en la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas. Si bien esta legislación es fundamental en la lucha contra el narcotráfico, no contempla explícitamente sanciones para quienes enaltecen o glorifican actividades criminales. Esta omisión es una peligrosa laguna.

Permitir que alguien se jacte públicamente de haber sido un "capo" sin ninguna consecuencia legal específica no solo es irritante, sino que puede interpretarse como una normalización de la criminalidad. Esto es particularmente riesgoso entre las generaciones más jóvenes, que podrían ver en estas figuras un falso modelo de éxito o poder. Glorificar el narcotráfico no es simplemente una opinión; es una manifestación que desafía el orden social y moral, y que puede tener un efecto corrosivo al legitimar conductas ilícitas, socavando los esfuerzos de las instituciones de seguridad y justicia que trabajan para combatir este flagelo.

"Damnatio Memoriae" social y legal

Es crucial entender que la libertad de expresión tiene fronteras claras, especialmente cuando atenta contra la moral pública, incita al delito o glorifica acciones que han causado un daño incalculable a la sociedad. La protección de la dignidad humana es el argumento principal para justificar la limitación de la expresión en estos casos. La glorificación del fascismo, el racismo, el feminicidio, el trujillismo o cualquier forma de incitación al odio y desprecio atenta directamente contra la dignidad intrínseca de las personas. Una legislación que busca proteger a los grupos vulnerables de tales discursos no es una afrenta a la libertad, sino una defensa de la humanidad.

Además, la glorificación de estos fenómenos puede ser una forma de incitación indirecta o directa a cometer actos de violencia, discriminación o delitos. El Estado tiene el deber de prevenir la comisión de delitos y proteger a sus ciudadanos de tales incitaciones. En el caso específico del trujillismo en la República Dominicana, la glorificación de un régimen dictatorial y violador de derechos humanos choca con la necesidad de preservar la memoria histórica, honrar a las víctimas y asegurar que tales atrocidades no se repitan. Permitir su glorificación sería legitimar un pasado de opresión, contraviniendo la responsabilidad social inherente a la expresión.

Glorificación del crimen y el odio

Si bien no podemos aplicar la antigua "damnatio memoriae" romana en su sentido literal, la sociedad dominicana debe ejercer una forma moderna de condena moral y social, repudiando enérgica y constantemente cualquier intento de glorificar el crimen o a los criminales. Esto implica que la sociedad, a través de sus líderes de opinión, medios de comunicación, educadores y ciudadanos, no debe dar plataforma ni validar discursos que buscan blanquear o enaltecer figuras o crímenes.

Es urgente que el Congreso Nacional impulse una reforma a la Ley 50-88, y a otras leyes pertinentes, para incluir disposiciones claras y contundentes que sancionen la glorificación de actividades ilícitas y de sus autores. Esta modificación enviaría un mensaje inequívoco: en la República Dominicana, el crimen no se paga con orgullo, sino con condena y vergüenza.

Además de las sanciones, la ley debe contemplar la obligatoriedad de invertir en educación orientada a mostrar la verdadera faz del narcotráfico, el totalitarismo y cualquier forma de odio: la miseria, la violencia y la destrucción que acarrean. Es fundamental que las nuevas generaciones entiendan que el único "legado" de estas figuras es el dolor y el daño al país.

Para que cualquier legislación en este ámbito sea compatible con el pleno ejercicio de los derechos humanos, debe ser cuidadosamente redactada, cumpliendo con principios de necesidad, proporcionalidad, legalidad, objetivo legítimo y, sobre todo, precisión y claridad. Los términos utilizados deben ser definidos de manera estricta para evitar interpretaciones arbitrarias y asegurar que solo el discurso dañino sea sancionado.

La dignidad de una nación se mide por cómo maneja su memoria y por cómo reacciona ante quienes intentan envilecerla. Es hora de dejar claro que la República Dominicana no es el patio trasero de ningún "capo", y que la única herencia que se debe permitir es la de la justicia y la dignidad.

Rafael Méndez