De geopolítica a la geoestrategia en la contratación pública

Desde hace un tiempo se utiliza cada vez más el término "geopolítica", que inicialmente fue acuñado en el siglo XIX, por el político sueco Rudolf Kjellen. Este término generalmente se refiere al análisis y estudio de cómo los factores geográficos influyen las decisiones políticas nacionales e internacionales, las relaciones entre Estados y con otros actores internacionales. Es decir, que analiza cómo la ubicación de un país puede condicionar sus relaciones estratégicas y el poder político para competir, cooperar, proteger o enfrentarse con otros países en el mundo.

Así pues, la geopolítica ha dejado de ser un campo reservado a diplomáticos y militares para convertirse en una variable fundamental en la formulación de políticas públicas, incluida una que tradicionalmente se percibía como técnica y neutral: la contratación pública. En tiempos en que las tensiones globales se sienten en cada rincón del planeta —desde los precios del petróleo hasta la escasez de microchips—, es cada vez más evidente que las decisiones de contratación pública no pueden seguir viéndose como una actividad meramente administrativa. Cuando la geopolítica se traduce en acciones concretas para proteger su soberanía y su posición internacional, es decir, decisiones sobre qué, cómo y con quién contratar, se debería de utilizar el término de geoestrategia.

El profesor Gimeno Feliú recientemente en un Congreso en Costa Rica, en el cual tuve la oportunidad de compartir, dictaba la conferencia inaugural y uno de sus comentarios principales fue sobre la geoestrategia y la buena administración. Es por eso, que hoy día creo que más que hablar de geopolítica se debe reflexionar y discutir sobre la geoestrategia en la contratación pública.

La geoestrategia y la contratación pública son dos áreas estrechamente relacionadas, especialmente en un mundo globalizado y de competencia entre países. No es casualidad que países busquen con urgencia controlar sus cadenas de suministro, asegurar la tecnología con la que operan sus instituciones o blindar sectores e infraestructuras estratégicas. Por eso, hay que necesariamente reflexionar y ejecutar la contratación pública geoestratégicamente para anticiparse a los desafíos y aprovechar las oportunidades que surgen en el escenario internacional.

Esta estrategia implica el uso deliberado de los instrumentos del Estado, como la inversión y los contratos públicos, para alcanzar fines vinculados al posicionamiento, la seguridad y la soberanía nacional. En este contexto, la contratación pública se transforma en un mecanismo no solo para satisfacer las necesidades del interés general, sino para proyectar poder político, disminuir dependencias externas y asegurar el control sobre infraestructura y sectores críticos para el buen funcionamiento de un país.

La elección de un proveedor deja de ser una decisión meramente económica-administrativa para convertirse en una manifestación de política exterior y de alineamiento geopolítico a los mejores intereses del Estado. Como sostengo siempre colocando en el centro a la persona humana y el cumplimiento del interés general. El profesor Ariño Ortiz no pudo haberlo dicho mejor, hace varias décadas cuando indicaba que la causa de la contratación pública es el interés general.

Es por ello, que hay que considerar factores geoestratégicos al tomar decisiones sobre qué bienes y servicios adquirir, y a quién comprarlos. Por igual, qué infraestructuras hay que construir y operar, y quién las construiría y operaría. Hay que pensar en proteger infraestructuras críticas, como puertos, aeropuertos y redes de energía. Continuar fomentando el desarrollo de industrias nacionales y disminuir o evitar dependencia de terceros países en bienes estratégicos. Ni que hablar en materia de salud, en particular en todo lo relativo a los medicamentos esenciales y tecnología sanitaria avanzado. Esta es un área de mucho impacto directo para las personas en los países.

Por eso creo que es urgente revisar las leyes y prácticas de contratación pública para incorporar esta dimensión geoestratégica. Sin dejar de lado la transparencia y la competencia, los ordenamientos legales deben permitir decisiones que protejan la seguridad nacional, la autonomía tecnológica, infraestructuras esenciales y la sostenibilidad a largo plazo. En estos aspectos, una buena regulación de acuerdos G2G o en grandes contratos de infraestructura contar con regímenes especiales para contrataciones, bajo estándares de control reforzado y fundamentación técnica debe jugar un papel fundamental.

Se debe analizar, especialmente, los hacedores de políticas públicas, así como los centros de pensamiento, no es si la geopolítica afecta la contratación pública, más bien es determinar si nuestros sistemas están preparados para responder estratégicamente, sin caer en improvisaciones ni dependencias que comprometan el interés general, la efectividad y buena administración de la contratación pública. La geoestrategia introduce una nueva dimensión a este análisis: las decisiones de contratación se vinculan con alianzas nacionales e internacionales, cadenas de suministro críticas, dependencia tecnológica, seguridad energética y control de infraestructura clave.

La contratación pública es uno de los campos más sensibles de la actividad administrativa y en ciertos aspectos no puede ser concebida como un proceso neutro. En algunos casos, es un espacio de disputa geoestratégica donde se juegan intereses nacionales y globales, los gobiernos y las empresas deben equilibrar la alineación estratégica con la eficiencia económica. Integrar esta perspectiva exige repensar los ordenamientos legales, institucionales y técnicos de la contratación pública, así como dotar a los responsables de herramientas que equilibren los principios del derecho administrativo con los imperativos estratégicos del Estado. República Dominicana tiene la oportunidad de consolidar una política de contratación pública geoestratégica que no solo garantice el interés general, eficiencia y transparencia, sino que contribuya a su inserción en el ajedrez global, con peculiar atención en América Latina. Apuesto a esta manera de ejercer una buena contratación y gobernanza pública en el siglo XXI. En eso continuaré reflexionando y trabajando.

Rafael Dickson Morales

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Abogado y Profesor en Derecho Administrativo.