El presupuesto no es un Excel. Es una declaración moral

A mis 19 años, vi llorar a una madre frente a la puerta de una escuela pública. Su hijo había sido aceptado en una universidad técnica, pero no podían pagar el transporte. Ese día entendí que la pobreza no siempre es falta de voluntad: muchas veces es consecuencia de un sistema que elige a quién salva y a quién deja caer.

Veinte años después, esa escena se repite, ahora amplificada por una realidad inquietante: el gasto público en República Dominicana ha perdido su norte social. En 2024, más del 22 % del presupuesto nacional se destinó al pago de intereses de la deuda, mientras solo el 2.3 % fue a educación técnica y menos del 0.5% a formación docente. ¿Qué nos dice eso como sociedad?

El presupuesto no es solo un Excel con cifras. Es una declaración moral: revela qué vidas consideramos urgentes y cuáles pueden esperar. ¿Cómo justificar que gastemos más en combustible para la burocracia que en salud mental para nuestros jóvenes? ¿Cómo sostener un modelo donde la mayor inversión pública se concentra en el Distrito Nacional, mientras provincias enteras apenas reciben mantenimiento vial?

Desde la economía política, esto tiene nombre: modelo de gasto regresivo, que perpetúa las desigualdades territoriales y castiga a quienes más necesitan inversión estatal. Pero desde la vida real, tiene rostros: campesinas que deben parir en motoconcho, niños que no entienden lo que leen porque sus maestros no fueron capacitados, adultos mayores que mueren sin pensión contributiva ni dignidad.

Las cifras hablan solas. En Elías Piña, el gasto público per cápita es cuatro veces menor que en el Distrito Nacional. En Monte Plata, el 58% de las escuelas carece de acceso a internet. Mientras tanto, se aprueban préstamos con ejecución lenta y débil fiscalización.

Como escribí en Por el Bien Común: Hacia un Estado de Bienestar para Todos, "el dinero público sin propósito social es una forma elegante de olvido". No se trata solo de gastar más, sino de gastar mejor, con justicia y visión de país.

Reformar el Estado no significa únicamente ahorrar. Significa reordenar prioridades con una visión ética y constitucional. Según el artículo 75 numeral 5 de nuestra Constitución, es deber del Estado "promover el bien común". Y no puede haber bien común si el presupuesto nacional se elabora con sesgos, sin participación ciudadana y con escasa medición del impacto.

Por eso, propongo tres medidas urgentes:

1. Una regla de inversión social obligatoria, que asegure que al menos el 50% del gasto nuevo se destine a salud, educación, empleo y protección social. Esto ya se aplica en países como Costa Rica, donde el gasto social representa más del 65% del presupuesto anual.

2. Un índice territorial de equidad presupuestaria, que distribuya los fondos no por votos ni por influencia política, sino por brechas reales de desarrollo humano. Este índice permitiría asignaciones más justas para provincias históricamente relegadas como Bahoruco, El Seibo y Dajabón.

3. Una reforma constitucional del gasto público, que impida legalmente contraer deuda si no se demuestra que el préstamo tendrá resultados verificables en bienestar ciudadano. La deuda debe ser un medio, no un fin político.

Desde el Defensor del Pueblo hemos iniciado un proceso de evaluación territorial del impacto presupuestario, recogiendo testimonios y datos desde la Ruta de los Derechos. La ciudadanía no solo quiere saber cuánto se gasta, sino en qué, para qué y con qué resultado.

Como dijo el Nobel Amartya Sen: "El desarrollo debe medirse por la libertad que la gente tiene para vivir la vida que valora." Y esa libertad empieza en el presupuesto.

Hemos avanzado en transparencia, sí. Pero la transparencia sin propósito es solo una rendición de cuentas vacía. Lo que urge hoy es una revolución ética del gasto público, que transforme cada peso en una oportunidad de dignidad.

La próxima vez que una madre llore frente a una escuela, que sea de emoción, no de impotencia. Que su hijo no tenga que elegir entre estudiar o caminar 12 kilómetros. Que el Estado deje de ser espectador de la desigualdad, y se convierta en garante del bien común.

Pablo Ulloa

Defensor del Pueblo de la República Dominicana.