La niña que me preguntó si el Estado existía

Durante una jornada de la Ruta de los Derechos en una comunidad rural del sur profundo, una niña se me acercó, mirándome con seriedad y una inocencia que desarma. "¿Y el Estado existe?", me preguntó. Tardé unos segundos en responder. No por falta de palabras, sino por la profundidad de la pregunta.

En esa mirada estaban concentradas las heridas de generaciones enteras: escuelas sin maestros, hospitales sin médicos, caminos sin asfalto, derechos sin garantías. Y esa pregunta, aunque venía de una niña, era también la de una nación que muchas veces se siente huérfana.

Hoy, como Defensor del Pueblo, puedo decir con firmeza que sí, el Estado existe. Y debe existir con dignidad, con cercanía, y con resultados.

Por eso decidimos rendir cuentas no solo por escrito, como exige la ley 19-01, sino ante el Congreso Nacional, de forma pública y solemne, como un acto ético y democrático. Porque cuando se sirve desde la confianza del pueblo, la transparencia no es una opción: es un deber.

El presupuesto de nuestra institución en 2024 fue de apenas el 0.03 % del presupuesto nacional, y aun así logramos transformar nuestra sede institucional, modernizar todos los procesos de atención ciudadana, y convertir al Defensor del Pueblo en el órgano constitucional más transparente del país, según las evaluaciones de Ética Gubernamental y el Ministerio de Hacienda. Lo hicimos con menos de 165 millones de pesos en inversión física y más de 312,000 personas impactadas en programas educativos, campañas de derechos y capacitaciones en todo el territorio.

Desde 2021 hasta hoy, el presupuesto creció de RD$165 millones a RD$425 millones, no por relaciones políticas, sino porque demostramos con resultados la necesidad y eficacia de cada peso invertido. Como sostiene Robert Behn, de la Universidad de Harvard, en Rethinking Accountability: "Los recursos deben seguir a los resultados, no a la retórica." Ese ha sido nuestro norte: resultados, no discursos.

En 2024, ejecutamos la Ruta de los Derechos, recorriendo las 31 provincias y el Distrito Nacional, impactando a más de 52 mil personas directamente. En 2025, esa estrategia se expandió con los Diálogos por el Bien Común, y se consolidará en 2026 con la instalación de las Casas de los Derechos en las 10 regiones únicas de planificación, como espacios permanentes para garantizar derechos y fortalecer la institucionalidad desde abajo.

No nos quedamos en el territorio solo para escuchar. Respondimos. Procesamos 9,324 casos con una tasa de resolución del 96.2 % y aumentamos en un 271 % las intervenciones de oficio frente a vulneraciones masivas de derechos. Nuestra Secretaría General y las direcciones adjuntas se certificaron bajo normas ISO 9001, y este año lo hará todo nuestro modelo institucional.

También decidimos mirar más allá de nuestra institución. Porque defender derechos también implica denunciar lo que los obstaculiza. En un país donde más del 40 % de los hogares pobres no tiene acceso a saneamiento básico (ENHOGAR, 2023), donde 1 de cada 3 niños en zonas rurales carece de servicios regulares de salud o educación (UNICEF, 2023), y donde el desempleo juvenil supera el 22 % (ONE, 2024), seguir gastando en estructuras obsoletas y clientelares es una forma de violencia institucional.

Por eso propusimos públicamente una reingeniería del Estado dominicano. Con ejemplos claros: integrar la Lotería Nacional al Ministerio de Hacienda, eliminar el CEA, disolver la Dirección de Desarrollo Fronterizo, actualizar la Comisión de Espectáculos Públicos y reformar las corporaciones regionales de acueducto. No para debilitar el Estado, sino para fortalecerlo desde la inversión social, no desde el gasto improductivo. Hoy menos del 10 % del presupuesto nacional se destina a inversión pública real, cuando organismos como la CEPAL y el CREES coinciden en que deberíamos superar el 20 % para cerrar brechas con sostenibilidad.

Como escribió Joseph Stiglitz, Nobel de Economía: "No es el tamaño del gobierno lo que importa, sino si está haciendo bien su trabajo." Y ese debe ser nuestro punto de partida: construir un Estado útil, austero, y centrado en el bien común.

Recuperar la Estrategia Nacional de Desarrollo, convertida en letra muerta, es parte de ese compromiso. Es una ley vigente, aprobada por este Congreso, y debe volver a ser la brújula de país.

Esa niña que me preguntó si el Estado existía me enseñó más que muchas cátedras. Me recordó que el servicio público no puede medirse en actos simbólicos ni en cifras vacías, sino en rostros concretos, dignidades restauradas y esperanzas posibles.

Hoy, puedo mirarla a los ojos y decirle que sí, el Estado existe. Y que mientras tengamos voz, convicción y una ética firme, lucharemos porque ese Estado sea justo, eficiente y verdaderamente del pueblo.

Pablo Ulloa

Defensor del Pueblo de la República Dominicana.