Rafael Paz
¿Por qué se estancó la inversión pública por habitante en República Dominicana?
El robo silencioso a la inversión por habitante
En los debates sobre la equidad territorial, pocas métricas resultan tan reveladoras como el gasto de inversión pública per cápita. Este indicador no solo muestra cuánto invierte el Estado, sino cómo reparte esa inversión entre los ciudadanos. Y la historia que cuentan los datos en República Dominicana es clara: la inversión por habitante se estancó en los últimos cinco años, y eso tiene consecuencias reales.
Entre 2010 y 2019, la inversión pública per cápita en dólares creció de manera sostenida. La tasa de crecimiento promedio fue de 5.07 % anual, un ritmo razonable que reflejaba una apuesta progresiva por mejorar infraestructuras, servicios y bienestar en todo el territorio. Si ese mismo ritmo se hubiera mantenido, en 2024 cada dominicano debería haber recibido, en promedio, USD 336.09 en inversión pública.
Pero la realidad fue otra.
Los datos consolidados indican que el monto real en 2024 fue de apenas USD 260 por habitante, lo que representa una brecha de más de USD 76 respecto a lo proyectado por la propia trayectoria histórica del Estado dominicano. Es una caída silenciosa, pero significativa: implica que el Estado está invirtiendo un 22.6 % menos por ciudadano de lo que debería estar invirtiendo si simplemente hubiera seguido su propio camino de progreso.
El caso del Distrito Nacional: una paradoja inaceptable
Y quizás el ejemplo más indignante de este desequilibrio lo encontramos en el Distrito Nacional: la provincia que aporta más del 75 % de todos los impuestos del país, pero que hoy recibe menos de USD 150 por habitante en inversión pública, una cifra por debajo del promedio nacional y más de cuatro veces menor que la que recibe Santiago.
Es decir, por cada dólar que un capitaleño aporta al fisco, el Estado le devuelve apenas 19 centavos.
En un país que se precia de crecimiento, esta disparidad no es solo una falla técnica: es una herida abierta a la justicia territorial.
¿Qué se rompió?
El período 2020–2024 ha estado marcado por incertidumbres: pandemia, inflación global, presiones fiscales, guerras lejanas con efectos cercanos. Pero incluso con estos desafíos, la economía dominicana ha mostrado capacidad de recuperación, crecimiento positivo del PIB y un sistema tributario más robusto.
Entonces, ¿por qué no creció la inversión por habitante en línea con esa recuperación?
Lo preocupante no es solo la desaceleración, sino su distribución: mientras algunas provincias como Santiago duplican o cuadruplican la media nacional, otras como el Distrito Nacional, San Cristóbal y Santo Domingo se quedan rezagadas, incluso por debajo del promedio.
Las consecuencias del estancamiento
Esta caída relativa tiene efectos visibles: deterioro de infraestructuras, lentitud en la ejecución de obras clave, servicios públicos limitados o ausentes. Los dominicanos sienten este estancamiento cuando hacen largas filas en hospitales públicos, cuando sus hijos no encuentran cupo en una escuela pública cerca, o cuando enfrentan calles intransitables y sistemas de transporte saturados.
En ciudades como Santo Domingo, donde la densidad poblacional y el aporte fiscal son altísimos, la falta de inversión se convierte en una paradoja de injusticia fiscal: los que más aportan reciben proporcionalmente menos.
Un llamado a corregir el rumbo
La inversión pública no debe responder solo a presiones coyunturales o agendas electorales. Debe ser la expresión de una visión de país que garantice igualdad de oportunidades, cohesión territorial y retorno justo a quienes sostienen el sistema.
Es momento de volver a mirar la métrica olvidada:
¿Cuánto está invirtiendo el Estado en cada ciudadano?
¿Está recibiendo usted lo justo por lo que aporta?
Si la respuesta es no, entonces es hora de exigir un nuevo pacto de inversión con justicia territorial.
Rafael PazEl autor es especialista en Gobernabilidad y Gestión Pública y fue Director de Competitividad de la República Dominicana.
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