Diario LibreReforma a la Ley de Residuos: la encrucijada de la economía circular en República Dominicana
La Ley 225-20, aprobada en 2020 tras una década de consultas técnicas y políticas, representó un hito normativo
Cinco años después de su promulgación, la Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos (225-20) está siendo objeto de una controvertida reforma legislativa.
El Congreso Nacional discute un proyecto que, de aprobarse, modificaría aspectos sustanciales del actual modelo de manejo de residuos, generando preocupación en amplios sectores económicos y ambientales.
La Ley 225-20, aprobada en 2020 tras una década de consultas técnicas y políticas, representó un hito normativo. Inspirada en modelos internacionales y adaptada a la realidad nacional, su objetivo fue transformar el grave problema de los residuos sólidos en una oportunidad para la economía circular, el empleo verde y la sostenibilidad.
Desde entonces, ha servido de marco para inversiones privadas en reciclaje, valorización de residuos, cierre de vertederos a cielo abierto y la formalización de recicladores informales, todo en consonancia con los compromisos ambientales internacionales suscritos por el país.
La reforma en discusión introduce tres cambios centrales que alteran el diseño original de la ley:
Restricción geográfica a los rellenos sanitarios
El proyecto limita la operación de los rellenos sanitarios a uno por cada región, disponiendo que los residuos sólo puedan ser llevados al sitio designado por las autoridades municipales, previa autorización del Ministerio de Medio Ambiente.
Este esquema elimina la posibilidad de competencia entre operadores, restringe la flexibilidad en la disposición final y podría derivar en estructuras monopólicas regionales.
En la actualidad, los reglamentos técnicos vigentes permiten la instalación de nuevos rellenos sanitarios siempre que cumplan los estándares ambientales y de seguridad. La centralización propuesta genera riesgos operativos, pues ante la saturación o fallos de un único relleno, no habría alternativas viables en la misma región, comprometiendo la continuidad del servicio.
Restricción de la valorización de residuos
La ley vigente abrió la valorización de residuos -transformación en nuevos productos, energía o compostaje- a múltiples actores: empresas privadas, cooperativas, recicladores informales y generadores de residuos. Esta diversidad ha estimulado inversiones, ha generado empleo y ha impulsado el desarrollo de capacidades tecnológicas en el país.
El nuevo proyecto restringe ese derecho únicamente a los operadores de los rellenos sanitarios, eliminando la participación de empresas independientes de reciclaje, plantas de compostaje, proyectos de conversión de residuos en energía y centros de acopio gestionados por actores no vinculados a los vertederos.
Además de desalentar la innovación y la inversión, esta medida pone en riesgo el sustento de miles de trabajadores informales integrados al sistema de valorización.
Empresas medianas y grandes, así como pequeñas iniciativas de reciclaje y compostaje que ya operan bajo el marco de la ley vigente, verían invalidadas sus operaciones, comprometiendo inversiones realizadas conforme al modelo legal aprobado en 2020.
Reconfiguración del fideicomiso DO Sostenible
El fideicomiso DO Sostenible, creado para administrar los fondos recaudados por la gestión de residuos, ha funcionado bajo una estructura mixta, con participación de entidades públicas y representación empresarial. Esta composición reflejaba el carácter colaborativo con que fue concebida la ley, integrando a quienes aportan financieramente al sistema.
La reforma elimina esta representación empresarial y transfiere el control total al Poder Ejecutivo, encabezado por el Ministerio de Medio Ambiente y funcionarios designados directamente por el gobierno. Esta concentración política del fideicomiso despierta inquietudes sobre la transparencia, la gobernanza y la continuidad de los objetivos consensuados originalmente.
Riesgo de fragmentación institucional
El debate no se centra únicamente en aspectos técnicos, sino en la dirección general que adoptará el país en materia de residuos: un sistema plural, competitivo y abierto, o un esquema centralizado bajo control exclusivo de operadores y autoridades designadas.
Diversos expertos advierten que modificar la arquitectura legal sin concluir primero la plena implementación de la ley vigente introduce inseguridad jurídica, desalienta la inversión privada y debilita los logros alcanzados en la construcción de una economía circular incipiente, pero en crecimiento.
Más de 240 vertederos a cielo abierto continúan operando en el país, representando un desafío sanitario y ambiental persistente. Al mismo tiempo, la presión internacional por cumplir compromisos de sostenibilidad aumenta.
En este contexto, la reforma legislativa adquiere una importancia estratégica: puede consolidar el camino recorrido o revertir los avances institucionales, económicos y ambientales logrados en los últimos cinco años.
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