El reto de la reputación país ante el desafío de la inmigración irregular y su gestión

En noviembre de 2022, el Presidente Luis Abinader anunciaba el cierre de la frontera con Haití por tierra, mar y aire en reacción a la negativa de Haití para paralizar las obras de un canal rudimentario en el río Masacre, en la zona fronteriza del Noroeste, muy cerca de la localidad de Dajabón. La información corrió a nivel internacional avivada por intensos debates en espacios como la Organización de los Estados Americanos, los medios de comunicación y las redes sociales.

El despliegue militar ordenado por el mandatario contribuyó a transmitir una sensación de estado de preguerra en la que el país aparecía como el villano. Haití, como la víctima, una víctima que además desplegó su capacidad demostrada en el tiempo para, mediante artículos y entrevistas en medios internacionales, hacer fluir sus mensajes de país oprimido y maltratado por su abusador vecino.

En esos días, recibimos la llamada de un cliente. Los directivos de una de las empresas a las suministra productos les preguntaban si, dada la situación, podrían mantener las exportaciones de manera normal. Más allá de responderles que no había ningún problema con ello, necesitaban argumentar su respuesta, pues, al parecer, la impresión que les había quedado a sus clientes era la de que en cualquier momento en la isla podía haber una situación muy complicada. Requerimos del envío semanal de un informe de situación para que el cliente se convenciera de que no había motivo para la preocupación.

Desde aquella crisis, el gobierno, más allá de insistir en su estrategia de denunciar ante el mundo la necesidad de intervención en Haití, y, lo más reciente, de decirle a uno de los funcionarios del país vecino que dejen de echar la culpa de sus males a otros, ha tomado más medidas internas para gestionar, desde la narrativa de la defensa de la soberanía nacional, los conflictos que está provocando la presencia en el país de haitianos en estado irregular. El pasado día 6 de abril, el Presidente en persona anunciaba el nuevo paquete, que nos ha expuesto internacionalmente al punto de provocar las reacciones de organizaciones como Amnistía Internacional o la propia Organización de las Naciones Unidas (ONU) vía su secretario general, Antonio Guterres.

A esas y otras organizaciones no solo les llegan los mensajes de gobierno. En el mundo hiperconectado en el que vivimos, también se hacen eco de las conversaciones públicas que acontecen en el país, fuente de toda controversia en el extranjero, y que recogen los medios y foros digitales y las redes sociales. El análisis de una parte de esta conversación, registrado en el Informe de LLYC "Radar País República Dominicana 2025" (ver en https://llyc.global/ideas/), en el que se examinaron más de 181,898 menciones de 9,727 autores únicos divulgadas en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2024 y el 30 de enero de 2025, daba cuenta de los temas más recurrentes en esa conversación. La dominaban seguridad (44 %) y deportaciones (25 %), con foco en el impacto económico, la mano de obra y la presión sobre servicios públicos. Otros relevantes: migración indocumentada, protestas y discriminación. Y escarbando en los datos, llegamos a identificar cuatro sectores protagonistas de esos temas: construcción (47 %), salud (29.5 %), turismo (18.6 %) y agroindustria (4.7 %).

Pero quizá lo preocupante no sea de qué se habla, sino cómo se habla y el efecto en la percepción que eso pueda generar: El análisis de sentimiento revela que el 55.5 % de las menciones fueron negativas, concentradas en la sensación de amenaza a la seguridad y la soberanía nacional. Un 38.7 % eran neutrales, y sólo un 5.8 % de las menciones reflejan una postura positiva, vinculada a esfuerzos de cooperación binacional. En redes sociales, la narrativa dominante reforzaba posturas extremas, algo que tiene su explicación en el hecho de que la comunidad de usuarios dominante, con un 25 % de participación en la conversación, es la de dominicanos patriotas.

República Dominicana sufre la tensión provocada por un "tema haitiano" latente y esto supone un riesgo para las inversiones y los negocios local y externo. De ahí el reto de su gestión en ambos niveles, tanto para las autoridades como para las empresas. Para afrontarlo, desde el lado de las autoridades cabría desarrollar aplicar una estrategia de diplomacia reputacional proactiva y sostenida, análoga y digital a la vez, con contenidos claros y demostrables, dirigido a públicos estratégicos que influyen en la reputación del país. Habría que partir de una narrativa clara, bien argumentada, bien documentada, sostenidamente gestionada. Ocasionalmente, se ofrecen declaraciones sobre buena vecindad con datos que la avalan, pero no se percibe una consistencia y proactividad desde la que liderar la comunicación e influir en la percepción.

Por otro lado, el sector empresarial debería analizar los riesgos a los que están expuestos sus negocios y preparar herramientas de comunicación adaptadas a sus necesidades específicas con respecto a cómo le impacta la situación, pensando en la protección integral de su cadena de valor y suministro, y no recurrir a la improvisación si surgiera algún problema.

Cabría calificar estas ideas de particularmente relevantes considerando la influencia internacional en el crecimiento económico del país que tienen turismo, inversión extranjera directa, remesas y exportaciones, lo que subraya la importancia de mantener una reputación internacional positiva con vistas a sostenerlo e incrementarlo.

Iban Campo

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Director General de LLYC en República Dominicana.