Aprovechemos la oportunidad

El pasado 19 de octubre, en apenas seis minutos, el presidente Abinader reafirmó ante el país su compromiso democrático al expresar que "la democracia es y debe ser el intercambio permanente entre el pueblo y sus gobernantes. En ese sentido, nuestra práctica ha sido siempre coherente: proponer, escuchar, y, si es necesario, rectificar".

Soy de los que creen en la sinceridad y las buenas intenciones del presidente Abinader cuando asegura que "un verdadero gobierno democrático no debe temer enmendar sus decisiones al escuchar al pueblo, porque escuchar es un signo de fortaleza".

Poco después de esta afirmación, el presidente anunció el retiro del proyecto de ley de Modernización Fiscal de la agenda del Congreso Nacional.

Este retiro era esperado y sorprendió a pocos. Desde que el vocero del equipo económico del gobierno afirmó que se había dialogado con todos los sectores afectados por la reforma, quedó claro que esa conversación no había tenido lugar. Además, la propuesta fue enviada al Congreso sin un proceso de consulta o consenso, bajo la premisa de que el Congreso es el espacio idóneo para debatir y consensuar con todos los sectores. Sin embargo, el empresariado y otros actores clave ya tenían el documento en sus manos y asumieron que su envío al Congreso significaba una aprobación rápida, sin permitirles expresar sus inquietudes.

No sugiero que esta haya sido la intención del gobierno, pero esa fue la percepción de los empresarios, según me han expresado algunos de sus líderes.

Esa percepción llevó a que se organizaran protestas con cacerolazos, marchas, reuniones y campañas en plataformas de comunicación. Fue entonces cuando el presidente escuchó el "ritmo colectivo de la inconformidad".

Y lo escuchó bien. La estabilidad en nuestro país, como en muchas democracias latinoamericanas, depende en gran medida de las condiciones de vida de la gente. Si estas mejoran, hay paz; de lo contrario, el descontento social crece y nos afecta a todos. Elevar de un solo golpe casi todos los alimentos de uso diario de cero impuestos a un 18% es excesivo, y, por tanto, la reacción no se hizo esperar.

Lo que sí sorprendió a todos fue lo que ocurrió después: el presidente, visiblemente contrariado, afirmó que el gobierno no tiene otra propuesta.

Confío en que el presidente Abinader reconsiderará esta postura y honrará su palabra, tal como expresó en su discurso al decir: "Yo soy un presidente que escucha. No estoy aislado. No vivo en una burbuja".

Todos los sectores sensatos del país —líderes empresariales, sindicales, religiosos, educativos y profesionales— desean una reforma fiscal. Pero esta debe ser lo más justa posible, aplicando gradualidad en ciertos casos y evitando la "violencia fiscal".

Incluso los que menos saben de economía comprenden que, si no actuamos, enfrentaremos problemas con las agencias de riesgo y los inversionistas, quienes son esenciales para mantener el crecimiento y posicionar al país como un destino atractivo para la inversión.

Si llegáramos al punto de no poder pagar los intereses de la deuda, nos declararían en default, lo que nos obligaría a recurrir al Fondo Monetario Internacional y a aceptar una reforma impuesta, como ocurrió en el gobierno del Dr. Jorge Blanco, con trágicos resultados.

La Cámara Americana de Comercio, en una reciente declaración pública, señaló que acoge con agrado la oportunidad de un diálogo productivo entre el gobierno, el sector privado y la sociedad civil en busca de una política fiscal que cumpla con principios fundamentales: suficiencia, para financiar adecuadamente el gasto público; equidad, para asegurar una carga tributaria justa; eficiencia, para evitar distorsiones en el mercado; simplicidad, para facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales; y sostenibilidad, para garantizar una política a largo plazo.

Hoy tenemos una oportunidad invaluable. El país no soporta más demoras. Si el presidente Abinader no actúa, su legado podría quedar empañado.

Luis González Fabra