Faride y el ruido contaminante

La contaminación sónica, también llamada acústica o ambiental, es causada por la presencia excesiva de ruidos en el entorno cuando estos superan los niveles normales, afectando el bienestar de los seres humanos y el medio ambiente.

Faride Raful, la ministra de Interior y Policía, ha emprendido una tarea difícil pero encomiable: mejorar (no digo eliminar) la situación que afecta a muchos sectores de la población, especialmente en Santo Domingo y Santiago, donde el bullicio causado por el uso abusivo de bocinas en negocios ubicados en áreas urbanas de alta densidad residencial crea serios problemas a las familias que residen en esos lugares.

No se trata de simples molestias, sino de un problema de salud pública. La contaminación sónica afecta tanto a las personas como a los ecosistemas, y aunque no se perciba de inmediato, sus efectos son tan perjudiciales como los de la contaminación del aire y el agua.

La exposición prolongada a niveles elevados de ruido se ha relacionado con problemas cardiovasculares, como hipertensión y enfermedades del corazón. El ruido constante provoca alteraciones en el sueño, lo que impacta negativamente en la salud y el bienestar general de las personas.

Quiero destacar que el impacto de la contaminación acústica sobre la salud es significativo y perjudica la calidad de vida de quienes la padecen.

Es evidente que la ministra Raful no ha iniciado su cruzada contra el ruido por un capricho; ella es consciente del daño que sufren los ciudadanos expuestos a música a volúmenes excesivos, lo que afecta tanto su rutina familiar como laboral.

Debemos entender que nuestra capital, otrora remanso de paz, ahora exhibe un bullicio generalizado, con escasas excepciones. Esto se debe al tráfico constante de vehículos, las construcciones, el comercio informal en las calles, el uso desproporcionado de las bocinas de los vehículos, y en los barrios y vecindarios, ruidos a todas horas.

Bajo la dirección del Ministerio de Interior y Policía, las autoridades han estado incautando equipos de sonido en negocios donde son usados a un volumen insoportable para las familias que viven en esas áreas contaminadas.

Los dueños de las bocinas son luego citados al Ministerio, donde se les ofrece una charla sobre el tema y la necesidad de ajustarse a la ley. Desconozco si les devuelven los equipos incautados, pero imagino que sí, una vez que aseguran no repetir su conducta.

Para complicar las cosas, se ha mencionado una sentencia del Tribunal Constitucional que declara ilegal la incautación de bocinas sin una orden de un juez.

Considero que aún hay mucho por hacer, y tengo la convicción de que Faride Raful, desde el ministerio que encabeza, tiene una excelente oportunidad para demostrar su capacidad de lidiar con temas como este de la contaminación sónica.

Como en la mayoría de nuestros problemas, lo primero debería ser establecer programas comunitarios de información y educación sobre este tema. Dentro de estos programas, se podrían hacer campañas de concientización, establecer horas de silencio en ciertos horarios y trabajar en la mediación comunitaria para resolver conflictos relacionados con el ruido.

Seguramente, hay muchas otras cosas que se pueden hacer. Vale la pena esforzarse para que se logren.

Luis González Fabra