Excepciones que se convierten en reglas

Cuando no hay consecuencias, las excepciones en el cumplimiento de la ley se convierten en regla. Ejemplos: los motoristas se saltan los semáforos en rojo. Las explotaciones económicas contratan inmigrantes de estancia ilegal.

Ahora aparece una potente señal. ¿Preludio de un cambio de actitud? No se sabe.

Se acaba de anunciar un plan para facilitar la movilidad urbana en Santo Domingo, basado en exigir el cumplimiento de las normas de tráfico y en aplicar sanciones efectivas. ¡Bravo!, siempre que las palabras se correspondan con los hechos.

En contraste, el ministro de agricultura, Limber Cruz, declaró que: "los bananeros le hicieron una propuesta de permiso transitorio al Gobierno para que aquellos trabajadores (haitianos indocumentados) que hayan tenido un tiempo asistiendo diariamente a su trabajo, ya conocidos, y que habían tenido también su registro, su regulación, se les diera el permiso transitoriamente hasta que puedan renovar sus documentos oficiales desde su país... Ya se aprobó a los bananeros, y lo mismo se hará en los sectores avícola, arrocero y platanero".

El ministro se refiere a explotaciones económicas que contratan inmigrantes indocumentados de estancia ilegal en la República Dominicana, en violación a las leyes. E intenta convertirla en regla. En este caso lo singular es que el gobierno produjo un contundente desmentido.

En efecto, el vocero de la presidencia, Homero Figueroa, expresó: "No se ha autorizado, emitido ni dispuesto la entrega de permisos de trabajo a personas en situación migratoria irregular. Cualquier afirmación que sugiera lo contrario no se corresponde con la realidad... La política migratoria del gobierno se fundamenta en el respeto a la ley, el orden institucional y la defensa de la soberanía nacional... Toda contratación de trabajadores extranjeros debe realizarse dentro del marco legal vigente y con el debido registro migratorio".

Las consideraciones del vocero de la presidencia son impecables, salvo que una cosa es no disponer la entrega de permisos de trabajo a los inmigrantes irregulares y otra impedir que en los hechos se encuentren trabajando, como lo están. El pecado no solo está en otorgar permisos de trabajo a quienes no cumplen los requisitos de la ley, sino en no aplicarla a quienes la violan contratando inmigrantes irregulares.

Aquí nos adherimos a la prédica de que el extranjero que desee trabajar en el país debe ingresar con visa o permiso de trabajo, con documentación oficial de su país, y no exceder del porcentaje permitido por las leyes laborales (80/20).

Pero también reconocemos que hay realidades irrefutables: Por un lado, el mercado informal acoge a cientos de miles de haitianos indocumentados, ubicados, sobre todo, en la construcción, agropecuaria y servicios. Por otro, la inmigración ilegal masiva erosiona la base cultural dominicana, deteriora el sentimiento nacional y crea profundas distorsiones en el mercado de trabajo.

Hay que resolver ese enorme problema.

La dificultad estriba en que si todos los indocumentados fueran expulsados ocurriría una escasez de mano de obra que, hasta que se obtenga un nuevo equilibrio, desplomaría la producción y la demanda agregada. Pero, si se permitiera que se quedaran continuarían ocupando un espacio que en su mayor extensión debería reservarse a los dominicanos, aparte de que erosiona la soberanía y nacionalidad dominicana.

Conciliar el interés nacional con la preservación de la vitalidad de la economía demanda de una visión imbuida de la determinación de resolver, sin subterfugios, con sentido práctico, un problema tan complejo, al tiempo que se fortalece el andamiaje legal.

De ahí que las autoridades deberían considerar la propuesta de iniciar un plan de acción, mediante el cual se establezca por ley un período transitorio de no más de tres años con objeto de normalizar el mercado de trabajo (distinto a regularizar a los inmigrantes).  

En ese período se modificarían algunas leyes, se recompondría progresivamente la relación 80/20 y se igualaría el costo regulatorio para trabajadores extranjeros y dominicanos, obligando al extranjero a cotizar en pensiones (inversión) y en salud.

Y se abriría un registro biométrico de los indocumentados que les permitiría laborar con permisos de trabajo limitados, cumpliendo con el porcentaje de extranjeros/dominicanos a ser recompuesto progresivamente cada año, con la obligatoriedad de obtener su documentación oficial en su país de origen antes de terminado el período transitorio, sin cuyo requisito se procedería a su deportación. 

Todo lo anterior acompañado del endurecimiento de las sanciones.

De esa manera se abriría espacio laboral al trabajador dominicano, pues la mano de obra extranjera iría reduciéndose con relación a la local.  

En otras palabras, se reorganizaría el mercado de trabajo, el flujo migratorio y se recompondría la relación 80/20, partiendo de un andamiaje jurídico que rija la excepcionalidad hasta el restablecimiento de la normalidad, en vez de esconder la cabeza como el avestruz, dejando el cuerpo expuesto.

Eduardo García Michel

Eduardo García Michel, mocano. Economista. Laboró en el BNV, Banco Central, Relaciones Exteriores. Fue miembro titular de la Junta Monetaria y profesor de la UASD. Socio fundador de Ecocaribe y Fundación Siglo 21. Autor de varios libros. Articulista.