Agropecuaria y mano de obra haitiana

Ahora que en el Consejo Económico y Social (CES) se inicia el diálogo sobre la masiva inmigración haitiana, indocumentada, es oportuno conocer qué piensan los representantes de uno de los sectores que mayor dependencia acredita de esa mano de obra no cualificada, el sector agropecuario.

El pasado 22 de mayo asistí a un conversatorio organizado por la Confederación Nacional de Productores Agropecuarios (Confenagro). Y ahí surgieron deliberaciones de interés.

Wilfredo Cabrera, presidente de Confenagro, abrió el debate. Expresó, sin titubeo alguno, que "la seguridad alimentaria no debe depender de mano de obra extranjera".

Lo dijo, pero el caso es que en este momento depende de la contratación de haitianos que han entrado irregularmente al país, trabajan en violación a las leyes de migración y laborales, desplazan a los dominicanos de sus puestos de trabajo.

Y todo eso ocurre bajo la condescendencia cómplice, ya por muchos años, de quienes están investidos de los poderes para hacer cumplir a rajatabla las leyes establecidas.

Reconocer que la seguridad alimentaria no debe quedar en manos de extranjeros, y menos aún de indocumentados, es una afirmación que da idea del alto grado de conciencia que tiene el sector agropecuario sobre las consecuencias del uso masivo de mano de obra haitiana, utilizada porque un amasijo de circunstancias ha llevado al país hacia esa encrucijada.

En una actitud que denota madurez, el presidente de Confenagro reconoció la necesidad de reconvertir la agropecuario y de aumentar la competitividad.

A esos fines, consideró necesario que se produzca un relevo generacional con nueva visión. Es decir, que el cambio hacia la modernización se genere, primero, desde adentro. De esa manera se tendría fuerza moral para exigir al Estado que cumpla el rol que le corresponde, por medio de la puesta en vigencia de políticas públicas apropiadas.

Citó dos elementos que inciden poderosamente en el devenir de la agropecuaria: oferta exportable y precios justos. Ambos requieren de políticas públicas bien concebidas, comprometidas con la producción y la creación de valor. Y constituyen dos puñales clavados en su costado que dificultan su expansión. 

Aunque Wilfredo Cabrera no lo dijo explícitamente, dejó a entender que se echa de menos un esfuerzo deliberado y bien conducido de políticas públicas que vaya en apoyo de la producción agropecuaria, fomente las exportaciones y rompa las cadenas de precios internos situados por debajo o al ras del costo, que merman la rentabilidad y empobrecen al productor en beneficio de una cadena voraz de intermediación y de suplidores de insumos.

Desde mi perspectiva, acertó en el enfoque. El campo necesita modernizarse, expandir la visión y uso de técnicas empresariales, aumentar la competitividad a los fines de exportar, disponer de precios justos para su producción interna, dejar de depender de la mano de obra haitiana.

Sin embargo, el punto básico, sin el cual no habrá reconversión productiva que valga, es el de que se encuentra condicionado y disminuido por el sesgo desfavorable de las políticas públicas y por la falta de inversiones en infraestructura que lo colocan como la cenicienta nacional, a pesar de su relevancia.

Luego tocó el turno a Juan Manuel Rosario, viceministro para Asuntos Migratorios, quien hizo un recuento de los avatares de la ley de migración, cuyo reglamento tardó 13 años en ser aprobado, lo que da una idea del desencuentro que existe entre el discurrir de la clase política y las necesidades nacionales.

Argumentó que la ley 169 sobre naturalización viola las leyes dominicanas. Citó ejemplos elocuentes para demostrarlo. Y concluyó que la institucionalidad dominicana se está haciendo inoperante.

Esto último puede ser interpretado en el sentido de que las leyes existen, pero no se cumplen. Y, en consecuencia, la institucionalidad se erosiona y da paso al caos, a que cada cual haga lo que convenga a sus intereses inmediatos.

Por su parte, Antonio Ciriaco, decano de la facultad de Economía de la UASD, expuso verdades incontrovertibles como las de que la inmigración ha traído riqueza a la sociedad dominicana, aunque no mencionó que ese aporte se realiza en detrimento de la institucionalidad democrática y de los atributos soberanos, entre ellos el de la nacionalidad dominicana.

Ciriaco también mencionó algo en lo que quien suscribe ha insistido: los subsidios públicos y las remesas alejan a los dominicanos del mercado laboral de la construcción y la agropecuaria. Y, agrego yo, actúan como un imán: atraen mano de obra haitiana indocumentada, desplazan la dominicana. Ambos, remesas y subsidios, son consecuencias de políticas públicas que no tienen en cuenta sus consecuencias.

Eduardo García Michel

Eduardo García Michel, mocano. Economista. Laboró en el BNV, Banco Central, Relaciones Exteriores. Fue miembro titular de la Junta Monetaria y profesor de la UASD. Socio fundador de Ecocaribe y Fundación Siglo 21. Autor de varios libros. Articulista.