Para eso están los decretos

El presidente Abinader, como jefe de la administración pública, tiene la potestad -y el deber- de exigir que sus funcionarios cumplan con sus obligaciones.

Por eso, más que hablar de "renuncias" voluntarias o invocar límites ambiguos a la tolerancia, preferible  decir con claridad lo que corresponde: que despedirá a todo aquel funcionario que descuide sus funciones por andar en proselitismo.

En una democracia madura, las aspiraciones políticas  no pueden convertirse en coartada para la negligencia. Si la actividad política es consubstancial al ejercicio de lo público -y lo es-, lo que está en juego no es la militancia, sino el cumplimiento del deber. 

Todo acto de un funcionario, desde firmar un contrato hasta decidir un horario, tiene consecuencias políticas. Lo inadmisible  es que un ministro o un director anteponga su proyecto personal a la responsabilidad institucional. No que tenga aspiraciones.

En lugar de exhortaciones o frases severas en redes sociales, lo que se espera del Ejecutivo es rigor administrativo: evaluación del desempeño, sanción a la ineficiencia y cese inmediato ante el abandono de funciones.

Más que una advertencia genérica, se necesita autoridad que se ejerza con justicia y sin la cortapisa de  las consecuencias partidistas. Porque gobernar también es ordenar.

Diario Libre

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