El mejor código posible

Que toda ley es perfectible es una verdad de Perogrullo. Pero también una cómoda excusa a la incapacidad de ir más allá de unos intereses raramente coincidentes con las demandas de una sociedad que, mal que bien, asume y practica valores que sus dirigentes políticos menosprecian.

No son pocos quienes proclaman satisfechos que el actual Código Penal "moderniza" la justicia al incorporar delitos impensables cuando se adoptó el sustituido.  Ahora también las penas son tan duras que, si fuera cierto que el castigo es preventivo, haría pensárselo dos veces antes de delinquir.  Solo que sus hacedores prescinden de toda interpretación social del delito.

La punición tiene, sin embargo, sus bemoles. En algunos casos, los plazos de prescripción, verbigracia los delitos sexuales y la corrupción, desmontan, o por lo menos ponen en tela de juicio, la pretensión de adecentar mediante el castigo penal la transgresión de las normas sociales de convivencia.

La cojera "modernizadora" está igualmente en las omisiones de derechos reconocidos como piedras angulares de la ciudadanía; omisiones producto de la indigencia política de los legisladores y de su proclividad a convertir en ley sus prejuicios de toda índole.

El rechazo a las causales, la flexibilidad en la definición de la discriminación, que permite vulnerar la dignidad de las personas por su opción sexual, la conversión en delito de la opinión desdorosa expresada en privado contra cualquier funcionario, son solo muestras de los riesgos contra los derechos contenidos en este código "posible".

Sus pifias democráticas y constitucionales (Finjus alertó sobre estas últimas) no resultan de la urgencia de dotar al sistema de justicia de un instrumento que responda con eficacia a los retos de una delincuencia incrementada en sus tipos.  Son expresión del renunciamiento de los legisladores de todos los partidos (no nos engañemos con declaraciones tras el hecho consumado) a hacer avanzar al país por otros caminos que los heredados de la construcción ideológica del trujillismo.

Si bien recordar a los políticos hoy en el poder del Estado el abandono de sus anteriores prédicas, contenidas en el programa de gobierno del entonces aspirante Luis Abinader, no los hará sonrojarse, si vale como dato para repensar la naturaleza del vínculo entre votantes y ciudadanos.

Resarcir los retrocesos y las dejaciones de derechos impone una respuesta ciudadana que libere al sistema político de los actores que obstruyen los avances sociales. No se trata de recurrir por enésima vez al "voto castigo", o de escoger al "menos malo", sino de convertir en prioridad la calidad de los representantes y la fortaleza del compromiso con lo que prometen.

Los veinte años durante los cuales el proyecto de código penal transitó por el Congreso fueron leitmotiv de la urgencia de su aprobación; asumamos los ciudadanos que prolongar los déficits democráticos del sistema político solo nos aboca a realidades de consecuencias cada vez peores.

Clotilde Parra

Aspirante a opinadora, con más miedo que vergüenza.