Desafíos del Código Penal

La lucha de las sociedades por suprimir la desigualdad y las arbitrariedades es un signo distintivo de los últimos tres siglos. Desde la creación del Código Austríaco hasta el Código Francés y las sucesivas legislaciones penales recientes procuran sepultar la crueldad de los viejos regímenes, de actualizar las leyes acorde con los nuevos esquemas de la criminalidad.

La aprobación y promulgación del Código Penal dominicano saca definitivamente al país de la vergüenza mundial que representa juzgar a una sociedad del siglo XXl con una norma del siglo diecinueve. Su aprobación y promulgación es un hito en la historia del derecho en la República Dominicana.

Una de las causas, sé que hay otras de peso, engendradoras de la desesperanza en el sistema de administración de justicia penal, lo constituye la tardanza para la aprobación de una legislación acorde con los avances tecnológicos e inconductas de los tiempos.   

Concuerdo con otros sectores del país en que la legislación aprobada tiene debilidades. No obstante, el peor código es el que no se aprueba, como lo ha padecido la población por 22 años, porque en el Congreso Nacional no se llegaba al consenso. Todavía hay un espacio de un año para enderezar entuertos.

Las crueldades y desigualdades de un sistema penal solo se resuelven con reformas, que pueda ser probada con su aplicación. Es la única manera de darse cuenta de si la norma es funcional. ¿Acaso, no ocurrió así con los primeros códigos surgidos en los siglos XVlll, XlX y posterior? Sucedió con estos y ocurre con la Constitución de nuestros países. 

Por no cargar con el fardo político o por otras razones de todos conocidas, específicamente con las tres causales, entre otros temas, la clase política le dio larga al código que se prolongó en su aplicación por 141 años.  Su falta de actualización lo convirtió en una norma cruel, desigual, inhumana e ineficaz.

Soy de los que piensa que el Código Penal promulgado no es el ideal, sin embargo es fruto del consenso posible en este momento. Siempre hay que tener en cuenta el criterio de que toda obra humana es perfectible. La nueva legislación se pone a tono con los tiempos en muchos aspectos abordados por los legisladores, abogados y quienes colaboraron para su redacción.

La demora en reformarlo debe ser superada para que el caos, las interpretaciones y las aplicaciones del viejo régimen por parte de quienes están obligados a ceñirse a la nueva legislación, pasen a ser prácticas del pasado. No se legisla por un nuevo Código Penal para que haya discrecionalidad, interpretaciones privilegiadas, omisiones y ausencia del buen criterio. Tenemos otros desafíos ahora.

Una legislación, en parte, es respetada cuando los ciudadanos tienen conocimiento de su contenido. Hay que trabajar arduamente para que este Código Penal cumpla con uno de los objetivos centrales de toda legislación de este calado: hacer que las leyes sean accesibles y comprensibles para todos los ciudadanos. No nos debemos conformar con que abogados, fiscales, jueces y demás integrantes del sistema de administración de justicia conozcan la legislación.

Hay que partir de una estrategia de comunicación, basada en los ejes fundamentales que componen los cambios hechos, de modo que el ciudadano esté consciente de los elementos nuevos, teniendo como enfoque principal que la función principal de las penas es la prevención de los nuevos delitos (disuasión general y especial) y la protección de la sociedad, no la venganza ni el escarmiento.

Una amplia campaña de información y disuasión tendrá sus efectos positivos para que el ciudadano sepa a qué se enfrenta. Hay que repetir las experiencias que tuvo el país con la difusión de la nueva Constitución por parte del TC. No hacerlo, implicaría que los efectos de las disposiciones recientes no tendrían el impacto esperado en el corto y mediano plazo.

Rafael Núñez