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Ser parte de la historia

25,000 abortos clandestinos al año, la falsa "defensa de la vida" del Congreso

No ha habido sorpresa alguna. Que los congresistas aprobarían un Código Penal que retrocede en derechos en lugar de avanzar, era consabido. Nada permitía esperar que la hipocresía moral y política no impusiera nuevamente sus reglas.

En una sociedad en la que el fariseísmo campa por sus respetos, la realidad es prescindible, como prescindible es también, entre otros de similar tesitura, el artículo 38 de la Constitución que declara como fundamento del Estado «el respeto a la dignidad de la persona y se organiza para la protección real y efectiva de los derechos fundamentales que le son inherentes», agregando a seguidas que esta dignidad «es sagrada, innata e inviolable; su respeto y protección constituyen una responsabilidad de los poderes públicos».

Quizá el concepto de dignidad sea demasiado abstracto para encontrar cabida en la visión social de esos «144 soldados ¿de la democracia?» que tan duro se fajaron para hacer presidente a Luis Abinader. Mérito dudoso ese de «fajarse» sin otro incentivo que una utilitaria cuota de poder divorciada de todo compromiso ético y ciudadano con el avance de los derechos. 

No respiro por la herida, como dirán algunos. Si alguna fe tengo, la deposito toda en la capacidad humana de superar sus trances más temprano que tarde. Pero cuando esto escribo no puedo evitar pensar en el sufrimiento que entraña para las mujeres la penalización absoluta del aborto. En las veinte niñas menores de 15 años que abortaron entre abril y junio pasados. En las 583 violaciones sexuales y los 257 incestos denunciados en el primer semestre del año que, de seguro, dejaron embarazadas a muchas de sus víctimas. 

Pero hay que mantener las cristianas formas echando mano a la falsaria «defensa» de la vida esgrimida para obligar a parir a las niñas víctimas de incesto, a las mujeres violadas, a las vecinas de la muerte por complicaciones del embarazo, a las que tienen en su seno un feto inviable.  La dignidad personal que la Constitución reconoce como su fundamento, es letra muerta para los legisladores, hombres y mujeres.

Ojalá nos sorprenda, pero es improbable que el presidente Abinader reedite la valiente observación del código de sus antecesores Leonel Fernández y Danilo Medina. O que aproveche la vacatio legis para enmendar los manifiestos retrocesos. Nada evitará, sin embargo, que las niñas y mujeres pobres continúen abortando pese a la inseguridad (25,000 al año según la Sociedad Dominicana de Ginecología y Obstetricia; 2,234 en abril-junio) porque hay cosas que ninguna ley, por muy dura que sea, ha logrado impedir jamás. Los legisladores y las legisladoras autores de este código lo saben.

Recogen las notas periodísticas que muchos de los legisladores que agotaron turno cifraron la razón de voto aprobatorio en la aspiración a «ser parte de la historia». Lo serán, qué duda cabe, pero de una historia infame. De esa que pasa a la memoria colectiva, y con frecuencia a los textos, como un período de la vida social y humana que hizo de la crueldad, la inmoralidad, y la injusticia, su bandera.

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Aspirante a opinadora, con más miedo que vergüenza.