Aprueben el Código Penal

Mis posiciones sobre la interrupción voluntaria del embarazo se inclinan hacia la opción más amplia de la mujer a decidir sobre su cuerpo, dentro de los tiempos que la ciencia considera adecuados. Pero lamentablemente en nuestro país no están dadas las condiciones políticas y sociales para incluir en una reforma penal, ni siquiera algo tan básico en dirección de respetar la dignidad de las mujeres como las tres causales.

Y al menos de momento no parece que esas condiciones vayan a cambiar. Para bien o para mal la dominicana es una sociedad muy conservadora, todas las encuestas muestran un bajo nivel de apoyo a la propuesta de las causales, los políticos tienen que salir a buscar votos cada cuatro años y las iglesias son más militantes y comprometidas que los grupos proabortos.  

Pero a pesar de que existe un consenso prácticamente generalizado sobre casi todos los aspectos que contendría un nuevo Código Penal, la discusión sobre el aborto y las causales tiene detenida su aprobación. Y eso no puede continuar sucediendo. 

La tragedia del Jet Set y el golpe de realidad que supone la lenidad de las condenas imponibles a los imputados si les son retenidas responsabilidades penales, han sacudido las conciencias no sólo de víctimas y familiares, sino también de prácticamente toda la sociedad.

Porque con independencia de la indignación colectiva o de lo que sustenten abogados y partes interesadas, la calificación jurídica que hace el Ministerio Público de homicidio involuntario es correcta. Y ese tipo penal es sancionado con un máximo de dos años de prisión en un sistema donde no existe el cúmulo de penas, si no que por el contrario una sola infracción absorbería las doscientos treinta y cinco muertes y las ciento ochenta personas heridas. Algo tan irrisorio como irritante ante el tamaño de la tragedia y el daño ocasionado.

En la trayectoria para actualizar la legislación penal el proyecto de mayor recorrido fue el promulgado por el presidente Danilo Medina en el catorce. Esa ley establecía las figuras del concurso de infracciones y la acumulación de penas, y si estuviera vigente permitiría equilibrar la gravedad de los hechos y el número de personas afectadas por el colapso de ese techo con las sanciones imponibles.

Lo mismo para otros casos, pues son muchos los procesos en que feminicidas y estafadores múltiples reciben condenas que no se corresponden con la gravedad de las infracciones cometidas y el daño causado a las víctimas y a la sociedad. 

Sin embargo no entró en vigor porque el Tribunal Constitucional la anuló por el mismo asunto de las causales, que esta ley ni siquiera abordaba, sino que enviaba a una legislación especial. Y se mantuvo la vigencia del código que nos rige desde mil ochocientos ochenta y cuatro.

Además de mucho dolor la tragedia del Jet Set produjo muchas reflexiones personales y colectivas. Esperemos que la clase política aproveche la oportunidad, y de una vez y por todas asuma su responsabilidad de dotar este país de una legislación penal más justa, eficaz y adecuada a los tiempos. No sería perfecta, pero sería lo posible dentro del marco constitucional vigente y en el actual entorno político y social. 

Óscar Medina