El código posible

Sólo bajo regímenes teocráticos las entidades religiosas imponen su visión dogmática al resto de la sociedad. Y aunque según nuestra constitución el dominicano es un Estado democrático y de derechos, eso resulta poco menos que enunciado vacuo cuando choca con los intereses de las iglesias cristianas. Nada lo evidencia mejor que el escaso avance en la protección de la vida, la dignidad y los derechos reproductivos de las mujeres.

Todos los intentos de eliminar las sanciones sobre el aborto en la legislación penal dominicana han fracasado. Y no ha sido por falta de convicción de los últimos presidentes, quienes en su momento se manifestaron de acuerdo con incluir las llamadas "tres causales" como eximentes para la aplicación de ese tipo penal. Danilo Medina llegó incluso a observar una propuesta legislativa que no incluía esas previsiones.

Y es que sobre este asunto ni los liderazgos políticos ni las líneas partidarias juegan rol alguno en como votan los congresistas. Tanto el Partido de la Liberación Dominicana como el gobernante Partido Revolucionario Moderno apoyan institucionalmente despenalizar la suspensión voluntaria del embarazo cuando la vida de la madre corre peligro, cuando el mismo es consecuencia de una violación o incesto, o cuando el producto de la gestación es incompatible con la vida.

Sin embargo, ya sea por convicción, conveniencia o cobardía, los legisladores de esos y otros partidos han votado mayoritariamente para mantener penalizado el aborto en todas sus formas. La posición de las iglesias de denominación cristiana y sus grupos de presión.

La composición de este saliente congreso coincide en amplia mayoría con esas posturas eclesiásticas, lo que no variará en el que inicia el próximo dieciséis de agosto. Una realidad contra la cual nada pueden hacer el presidente Abinader, Paliza o Carolina, por más que las feministas piqueteen el Palacio Nacional y la sede del Congreso, o que satélites del perremeísmo como Participación Ciudadana se declararen en rebeldía.

Por tanto, ante las debilidades de nuestros políticos y su incapacidad de sobreponerse al chantaje de las iglesias, resulta evidente que para actualizar ese código penal de finales del siglo diecinueve será necesario asumir que en el mismo permanecerá la anacrónica sanción a la suspensión de embarazo.

Algo que si bien continuará desconociendo los derechos reproductivos y prolongará el cuadro de vulnerabilidad en que se coloca a la mujer dominicana, en realidad no constituye un problema de persecución criminal. Pues felizmente en nuestro país no hay mujeres ni personal de asistencia sanitaria tras barrotes por practicar abortos. Y aquí diariamente se realiza un sinnúmero de esos procedimientos, tanto en centros de salud como de forma más rudimentaria.

Este nuevo código incluye decenas de nuevos tipos penales y agrava y amplia sanciones a delitos cometidos contra mujeres y otros segmentos vulnerables de la sociedad. Sin dudas tiene asuntos pendientes de corregir, pero entre estos no estará incluir "las causales". Lamentablemente no hay votos para hacerlo, ni parece que los habrá en el futuro cercano.

Por tanto ya es necesario pasar página a más de dos décadas de discusiones, y aceptar que cuanto al aborto, de momento, este es el código penal posible.

Óscar Medina