Economía creativa, visiones y experiencias

Hacia 2004 visité a las más altas autoridades monetarias del país para platicarles sobre la necesidad de crear la cuenta satélite de cultura, un método indispensable para monitorear la información económica de la cultura en base al Producto Interno Bruto. Grande sería mi sorpresa cuando esas autoridades, que me merecen el mayor de los respetos, afirmaron desconocer de qué les estaba hablando.

No obstante, debo decir que pusieron mucho empeño en disponer de medidas que contribuyeran a la creación de esa cuenta y en conocer cómo se podía realizar este proceso. Pusieron a nuestra disposición a un notable economista con el fin de encaminar el propósito y entonces viajé a Bogotá para reunirme con los directivos del Convenio Andrés Bello en procura de asesoría para esta labor, ya que entonces en ese organismo creado por las  cumbres de presidentes latinoamericanos se encontraban los mejores técnicos sobre el tema. Los especialistas del Convenio viajaron a Santo Domingo a ofrecer un seminario sobre las industrias culturales y la importancia de la apertura de la cuenta satélite de cultura, y monseñor Agripino Núñez, de inolvidable recuerdo, colaborador permanente de nuestra gestión cultural, nos facilitó el auditorio de la PUCMM en Santo Domingo para este evento, donde el Banco Central y otras instituciones llevaron a sus técnicos y especialistas que, junto a los actores culturales, llenaron por completo la sala.

Tal vez fueron esos los primeros pasos en concreto para impulsar el tema y crear conciencia de que sin esa base no se podía impulsar un verdadero programa de acción cultural. Los tiempos comenzaban a modificarse, ya algunos países nos llevaban años de labor en estos asuntos y, sin duda, en República Dominicana estábamos retrasados. Lamentablemente, aún lo estamos. Pues, aunque se avanzó lo suficiente no se trataba de una gestión única, se requería de un programa coherente, dinámico y que tuviese continuidad para, por lo menos, en quince o veinte años, cambiar el panorama mendigante de las artes y las letras en nuestra sociedad cultural.

El presidente Leonel Fernández tenía una idea clara de lo que debía hacerse, y eso siempre era una ventaja. Sin voluntad política real ningún esfuerzo en la cultura camina con solidez. El mandatario insistía en la necesidad de crear un Código de leyes culturales que permitieran afianzar la actividad cultural, crearle un nicho legal y propender a su autonomía económica. Por largas décadas, el sector cultural ha reclamado ayuda estatal, a modo de subsidio, para realizar sus programas y mantener a los proveedores de cultura de nuestra sociedad. Pero,  ya el concepto de industrias culturales que, como explicamos antes se le agregó luego  lo de “creativas”, y Buitrago y Duque promovieron la vieja idea de la “economía naranja” para darle mayor sustento al sector, estaba en curso, y debíamos adaptarnos a los signos de los tiempos, adecuando -y creando- una auténtica gerencia cultural, que la ignorancia de algunos consideró absurda, bajo el alegato de que era una concepción nuestra por haber ejercido en el sector privado. Fueron ocho años de prédica del concepto y muy lentamente fue aceptado no solo por una parte de los propios actores culturales, sino por el funcionariado mismo que no entendía ni aceptaba lo que ya hoy, casi veinte años después, es una sólida realidad hasta en los países de economía centralizada. Los agentes culturales debían –y aún deben- comprender que la cultura tiene que valerse por sí sola y no depender exclusivamente del subsidio gubernamental, pues, como se observa cada vez más se reduce la acción social de los Estados.

El Código Cultural se puso en funcionamiento. Con una ayuda inicial del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) se contrataron los servicios de un experto colombiano, Gonzalo Castellanos, que nos acompañó en todo el trayecto y que fue el redactor de la ley del libro y bibliotecas y de la ley para el fomento de la industria cinematográfica (ley de cine). La ley de archivos, estuvo a cargo de las autoridades del Archivo General de la Nación con don Roberto Cassá al frente. El proceso de aprobación de una ley pasa por diversas etapas y no siempre al ritmo que uno desearía. De modo que los proyectos se tardaban en el Congreso más de lo debido, por razones que preferimos obviar ahora. Salieron pues esas tres leyes, pero quedaron sobre la mesa, listos, dos proyectos más: el de patrimonio cultural y museos, y el de las artes escénicas y la música, que deben estar durmiendo el sueño de los justos en algunas gavetas de archivo. Igualmente, de paso, una reforma a la ley que creaba la Secretaría de Estado de Cultura, devenida en ministerio con la Constitución de 2010. El Código se completaría con leyes para el desarrollo artesanal, la educación artística, el fomento de la cultura popular, y la correspondiente a las artes visuales. Hoy, habría que incorporar otros nuevos estamentos culturales que se han adicionado. Por lo menos, se lograron tres leyes para este novedoso sistema legal en el ámbito de la cultura, entre los cuales dos de ellos, el de cine y el de archivos funcionan perfectamente, y en el caso del cine ha producido un desarrollo de la industria que mueve millones de pesos, permitiendo un avance en este sector inimaginable dos décadas atrás. En el caso de la ley del libro, que establecía exenciones fiscales y otros atractivos para la creación de librerías y bibliotecas, y contaba con beneficios para los propios escritores, debemos convenir en que llegó en un momento en que ya comenzaban a crearse nuevas condiciones en la industria global del libro. Pronto, comenzarían a desaparecer, o reducirse,  las librerías en todo el mundo, aún en aquellas naciones donde la industria editorial era portentosa. A veces nos quejamos de que han desaparecido casi todas nuestras librerías, pero parecemos ignorar que es un fenómeno global, y que las librerías nuestras no supieron avizorar lo que le venía encima y no adoptaron sistemas de promoción y mercadeo, si acaso los tuvieron alguna vez. Pero, también desaparecieron las tiendas de CD y DVD, las ventas y alquileres de películas, la industria del disco (que, entonces, formaba parte importante de las industrias culturales), ante el avance del streaming, los e-books, las tabletas, los libros digitales, You Tube y otras plataformas digitales que modificaron bruscamente la anterior realidad. Y no olvidemos que la producción de nuestros pintores y escultores pasa por tiempos difíciles, al frenarse el boom de adquisición de obras de arte. O sea, es un dilema general de todo el sector cultural el que hay que atender ante la situación que se nos venido encima globalmente.

Hoy, hablamos mucho de la ley de mecenazgo como panacea para el sector cultural, y puede que lo sea, aunque no me entusiasmo mucho con la idea. Creo en las leyes particulares de cada sector, en completar el Código Cultural, incluso favoreciendo nuevas áreas que han entrado en juego como componentes de la cultura actual, por una razón que hablábamos años atrás con nuestro asesor Gonzalo Castellanos: si cada sector de la cultura tiene sus propios mecanismos legales para allegarse respaldos financieros, el mecenazgo queda implícito en esas leyes. Una ley de mecenazgo cultural puede desviar los objetivos de cada sector en esta aspiración y terminar favoreciendo a uno solo de ellos.

Creo en el mantenimiento de un subsidio sostenido del Estado al desarrollo de determinados sectores de la cultura, que siempre dependerá de factores de prioridad económica de los gobiernos. Eso es indispensable y no puede cortarse de un zarpazo. Pero, al mismo tiempo, entiendo que estamos obligados a crear mecanismos legales que favorezcan la creación y sostenimiento de las industrias culturales, propendiendo a la consolidación de la economía naranja y su aporte al PIB, que es lo que, en definitiva, puede coadyuvar al desarrollo y vitalidad de la vida cultural dominicana. De lo contrario, seguiremos perdiendo el tiempo en chismografías, rivalidades, reclamos, egos revueltos, concepciones alejadas del debate cultural a nivel global y en programaciones a la carrera que distorsionan las aspiraciones y fomento del sector y sus ramificaciones. La economía creativa es una realidad que hay que impulsar y sostener, aún cuando entienda que la economía naranja ha introducido nuevos elementos a las industrias culturales y ha dejado de lado a los sectores originales a favorecer que siguen siendo las artes plásticas, el teatro, la danza, la música, la creación literaria, los museos, la gastronomía y la moda. Pero, eso es tema para otra oportunidad.

Recomendamos la lectura del primer sobre economía naranja que se produce en el país, auspiciado por el Banco Popular, que incluye textos sobre cinematografía, arquitectura, moda, gestión cultural, diseño, artesanía, gastronomía, audiovisuales, publicidad y tecnología (Dominicana Creativa: talento en la economía naranja”. Editor: Víctor Siladi, 2021).

José Rafael Lantigua

Escritor y gestor cultural. Escribe poesía, crónica literaria y ensayo. Le apasiona la lectura, la política, la música, el deporte y el estudio de la historia dominicana y universal.