Un código machista

El Ministerio de la Mujer ha alzado la voz con la gravedad que exige el momento: la reforma al Código Penal, en su versión actual, representa un retroceso inadmisible en la garantía de los derechos humanos de las mujeres y niñas dominicanas. No se trata de tecnicismos ni de discrepancias ideológicas, sino de omisiones y formulaciones que, de aprobarse, institucionalizarían la desigualdad y dejarían a muchas sin protección.

En lo relativo al feminicidio, la redacción propuesta diluye la especificidad de una violencia que es estructural, no incidental. Equiparar a hombres y mujeres como víctimas del mismo fenómeno invisibiliza siglos de dominio patriarcal y borra el contexto que da origen a ese crimen: el control sobre el cuerpo y la vida de la mujer. Nombrar con precisión es también hacer justicia.

Tampoco resiste el análisis la manera en que se aborda el acoso sexual. Su tratamiento tímido y fragmentario deja fuera el acoso callejero y digital, prácticas cotidianas que no por normalizadas son menos devastadoras. Esta omisión perpetúa el silencio y alimenta la impunidad.

Más grave aún es la penalización absoluta del aborto, sin considerar las tres causales reconocidas internacionalmente. Castigar a una mujer que ha sido violada o cuya vida peligra por un embarazo es una forma cruel de violencia de Estado. Negarle protección legal es condenarla al abandono institucional.

El proyecto, además, restringe las órdenes de protección a ciertos delitos, ignorando que el riesgo no siempre se ajusta a una tipificación penal. Proteger la vida no puede depender de tecnicismos.

De no corregirse, este Código consagrará la desprotección como norma. Toca al Congreso decidir si quiere legislar para el siglo XXI o anclarse en prejuicios que ya deberían avergonzarnos. La ley debe ser escudo, no sombra.

Aníbal de Castro

Aníbal de Castro carga con décadas de periodismo en la radio, televisión y prensa escrita. Toma una pausa en la diplomacia y vuelve a su profesión original en DL.