Menor que colaboraría con la Fiscalía por atentado a Miguel Uribe abandona centro de protección
El menor se había presentado a la Fiscalía con intención de colaborar en el caso, pero abandonó sin autorización el centro de protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)
Diario Libre
La desaparición de un menor de edad vinculado a la investigación por el atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay ha generado una tormenta institucional en Colombia.
Se trata de un joven, de 17 años, quien se presentó voluntariamente ante la Fiscalía hace una semana con la intención de colaborar en el caso, pero abandonó sin autorización el centro de protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), donde presuntamente estaba bajo custodia estatal. Su paradero es, hasta ahora, desconocido.
Aunque el adolescente no fue formalmente acusado ni privado de libertad, su testimonio era considerado clave para esclarecer los hechos ocurridos el pasado 7 de junio en Bogotá, cuando Uribe Turbay fue víctima de un atentado con arma de fuego mientras realizaba un mitin de campaña en un parque de la ciudad. La Fiscalía lo había descrito como partícipe en reuniones de planificación del crimen y aseguró que estaba dispuesto a ampliar su declaración como testigo colaborador.
Tras su entrega, el menor fue trasladado a un Centro de Emergencia del ICBF, una de las modalidades institucionales de atención a menores en situación de riesgo o vulnerabilidad. Sin embargo, no fue emitida ninguna orden judicial que restringiera su libertad de movimiento, lo que, según el Instituto, limitaba su capacidad para retenerlo legalmente.
"La Procuraduría manifiesta su rechazo por la evasión del adolescente testigo en el caso penal que se adelanta por el atentado contra el doctor Miguel Uribe Turbay", publicó el organismo en su cuenta oficial de la red X (antes Twitter). La entidad confirmó que ha iniciado una indagación preliminar para establecer responsabilidades y solicitó a las autoridades priorizar la localización del joven para garantizar su seguridad y la continuidad del proceso judicial.
En respuesta, la directora del ICBF, Astrid Cáceres, defendió la actuación de su institución y aclaró que el adolescente no tenía medida judicial alguna que le impidiera salir del centro. "No hay evasión porque no hay privación de libertad", dijo, explicando que el joven fue acogido bajo la figura de restablecimiento de derechos, aplicable en casos de menores migrantes no acompañados, y no en el marco de una detención.
Un vacío operativo y legal
- Expertos en derecho penal y protección de infancia advierten que el caso pone en evidencia una falla sistémica en la articulación interinstitucional. El abogado penalista Ricardo Burgos fue categórico al afirmar que, si bien el ICBF no tenía un mandato de retención, la Fiscalía no actuó con la diligencia debida para garantizar la protección del testigo.
"La responsabilidad recae directamente sobre la Fiscalía", dijo Burgos. "Era su deber gestionar las medidas necesarias para preservar la integridad de una persona que había decidido colaborar, especialmente tratándose de un menor involucrado en un caso de alto perfil y riesgo."
Burgos también criticó la lentitud del Ministerio Público en establecer los términos de la colaboración y asegurar el entorno legal y logístico adecuado para ese tipo de testigos. "El Estado no puede invocar la figura del restablecimiento de derechos como excusa para eludir responsabilidades penales o de protección efectiva", sostuvo.
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