Régimen de excepción ha matado a 261 salvadoreños, incluidos cuatro bebés, según ONG
Crisis de derechos humanos y justicia instrumentalizada
RFI
El régimen de excepción implementado por Nayib Bukele en El Salvador supone un estado de derecho roto, donde las principales garantías constitucionales están suspendidas de facto en nombre de la seguridad, según lo denuncia un informe publicado este miércoles, 10 de julio, por Cristosal, la principal organización de defensa de derechos humanos del país.
Tras dos años de investigación, el documento de Cristosal evidencia la instrumentalización del sistema de justicia y el alto costo humano de este régimen, que practica detenciones arbitrarias y ya causó la muerte de bebés y personas inocentes, así como la profundización de la desigualdad social y de género.
Las cifras del reporte sobre el régimen de excepción en El Salvador son estremecedoras: 261 personas y cuatro bebés murieron bajo custodia estatal desde la implementación del régimen de excepción en 2022.
Estas muertes dejaron a su vez a 176 niños en orfandad, mientras que el encarcelamiento masivo supone el abandono de más de 62,000 menores de 15 años.
Cristosal se basa en tres grandes investigaciones que analizan estos dos años de estado de excepción. Los ejes son: el impacto en las mujeres y niños, las muertes en las cárceles estatales y la infuncionalidad del sistema de justicia.
"La tortura y los tratos inhumanos contra las personas detenidas bajo el régimen de excepción de Nayib Bukele es ya una política de Estado. No hay investigaciones sobre este tipo de abusos", explica a RFI David Morales, jefe jurídico de la organización Cristosal. "Hemos establecido sobre una muestra de 1,178 casos que las detenciones son arbitrarias".
"Infundir miedo en la sociedad"
Ante la nula información oficial al respecto, la evidencia presentada constituye un aporte a la búsqueda de justicia para las personas inocentes afectadas.
Pese a las denuncias crecientes, el Ejecutivo de Bukele ha negado en varias ocasiones la responsabilidad del Estado.
"Los funcionarios voceros sobre este tema mantienen una actitud negacionista. Hay una política de impunidad y de exaltación del régimen de excepción como instrumento efectivo contra la criminalidad", apunta Morales.
Según denuncia su informe, gran parte de las personas criminalizadas por el régimen de excepción no solo no pertenecen a pandillas, sino que son inocentes. Mientras que la suspensión de derechos afecta principalmente a personas pobres y mujeres.
"No se aplica para investigar delitos graves de las pandillas ni la jefatura de estos grupos", lamenta Morales, quien denuncia una "estrategia de detenciones arbitrarias masivas y juicios sin debido proceso para infundir miedo en la sociedad".
El modelo punitivo de Bukele parece no tener límites. La semana pasada, el mandatario salió en cadena nacional amenazando a empresarios con "tomar medidas" si los precios de los alimentos seguían subiendo. "Así como se lo dijimos a las pandillas, ahora se lo decimos a ustedes: paren de abusar o no se quejen después", afirmó.
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