Noboa obtiene luz verde a la extradición en el referendo sobre política contra el narco

El mensaje de los electores ecuatorianos no deja lugar a dudas. Si no han acompañado al gobierno en su deseo de flexibilizar el mercado laboral y favorecer el uso del arbitraje internacional en disputas comerciales, su apoyo a las medidas contra la delincuencia ha sido masivo. Entre 60 y 80% de los electores, según las preguntas, han permitido la presencia de los militares en las cárceles y las calles del país.

"Los países latinoamericanos estamos casi derrotados por el narco y todos sus problemas. Ahora sí, los militares tienen que salir. Así se pararía la violencia, los narcos y todas las cosas que hay", explica a RFI Bernardo Quishpe, quien ha acompañado al Gobierno con su voto.

Los electores han aprobado las preguntas sobre el aumento de penas a los delitos vinculados al narcotráfico, sobre el cumplimiento total de penas y el decomiso más rápido de los bienes de origen ilícito. Han aprobado la extradición, una medida que había sido rechazada en la consulta realizada el año pasado por el expresidente Guillermo Lasso.

"Pienso que sí es importante porque hay cosas que sí se necesitaban cambiar. La extradición de los ecuatorianos es un punto muy importante en realidad", opina Soraya Jérez ante el micrófono de RFI.

"Hemos defendido al país, ahora tendremos más herramientas para luchar contra la delincuencia y devolverles la paz a las familias ecuatorianas", indicó Noboa en sus redes sociales al cerrar un día marcado por el asesinato de un director de prisión en la provincia de Manabi. Un recordatorio de la amenaza latente de los Grupos de Delincuencia Organizada y de la urgencia de ofrecer resultados duraderos a la población.

Así votaron los ecuatorianos en el referendo:

- Que se permita el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas a la policía para combatir el crimen organizado (Sí 73%).

Actualmente, la Constitución establece que los militares están a cargo de la defensa de la soberanía, mientras que el mantenimiento del orden público es responsabilidad de la policía.

- Permitir la extradición (Sí 65%).

La Constitución determina que en ningún caso se concederá la extradición de ciudadanos ecuatorianos. La enmienda constitucional propuesta se refiere a delitos de terrorismo y contra la humanidad, con la condición de no aplicarse la pena de muerte en el país de destino.

- Establecer judicaturas especializadas en materia constitucional (Sí 60%).

Los jueces especializados, que de aprobarse la medida se instalarán en todo el país, resolverán exclusivamente en sus propias jurisdicciones. En Ecuador se han dado casos en que políticos y delincuentes se han visto beneficiados por medidas de amparo dictadas por magistrados de lugares que no corresponden a los procesos.

- Reconocer al arbitraje internacional para solucionar controversias en inversión y comerciales (No 65%).

En el gobierno del expresidente socialista Rafael Correa (2007-2017), Ecuador dio por terminados los tratados bilaterales de inversión y se retiró de organismos de arbitraje como el CIADI.

- Establecer el contrato de trabajo a plazo fijo y por horas (No 69%).

La administración de Correa eliminó el trabajo por horas al considerar que precarizaba las condiciones laborales. La iniciativa de Noboa para fomentar empleo es rechazada por sectores sindicales e indígenas.

Consulta popular:

- Que las Fuerzas Armadas realicen controles de armas en los accesos a cárceles (Sí 71%).

Las prisiones, donde las autoridades han hallado armas más sofisticadas que las de la propia fuerza pública, han sido escenarios de cruentas matanzas entre presos miembros de bandas narco que se disputan el poder.

- Incremento de penas para 10 delitos como terrorismo, narcotráfico y sicariato (Sí 68%).

Noboa, en guerra contra el narcotráfico, declaró "terroristas" a una veintena de bandas. Ese delito es ahora sancionado con hasta 13 años de cárcel.

- Eliminación de rebajas de penas para los condenados por delitos como terrorismo (Sí 68%).

- Que la fuerza pública pueda utilizar de inmediato las armas incautadas (Sí 65%).

- Tipificar el delito de tenencia o porte de armas de uso privativo de militares y policías (Sí 65%).

- Simplificar el procedimiento de la ley de Extinción de Dominio para que el Estado pase a ser titular de los bienes de origen ilícito o injustificado incautados (Sí 62%).

Las enmiendas constitucionales entrarán en vigencia en cuanto los resultados sean publicados en el Registro (Diario) Oficial.

En el caso de la consulta popular, las propuestas aprobadas serán tramitadas por la unicameral Asamblea Nacional (Congreso), en el que la oposición es mayoría pero está dispersa.

RFI

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AFP

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