República Dominicana requiere mayores avances en Estado de derecho
El papel del Estado de Derecho en el desarrollo económico y social

¿Qué sucede en las sociedades que se esfuerzan por mantener reglas claras, estables y de igual aplicación para todos los ciudadanos? El gráfico aporta una respuesta a algo que no necesita demostración empírica. Los seres humanos tienden a prosperar en sociedades donde la administración de las leyes es positiva para la ciudadanía, y donde impera la seguridad para la vida y la propiedad de las personas. Esas condiciones crean un mejor ambiente para generar bienestar material.
Cuando se correlacionan el producto interno bruto (PIB) por habitante y la puntuación del Índice de Estado de Derecho, el resultado es una relación entre mayores ingresos y una economía que opera dentro de un sistema de justicia que trabaja para aplicar la ley de manera oportuna, con leyes estables, conocidas por los ciudadanos, y aplicadas sin privilegios. En adición, en un entorno que procura contener los actos de violencia y asegurar derechos de propiedad y el cumplimiento de los contratos.
El Índice de Estado de Derecho es un instrumento que puede ser mejorado, sin embargo es una herramienta muy útil y que se basa en principios importantes:
Responsabilidad: los miembros del gobierno son responsables ante la justicia, al igual que los demás ciudadanos;
Leyes justas: leyes justas y claras, de conocimiento de la población, estables y aplicadas a todos por igual;
Gobierno abierto: los procesos por medio de los cuales las leyes son promulgadas y aplicadas son accesibles a todos los ciudadanos, son justos y son eficientes;
Resolución de justicia accesible e imparcial: aplicación de la justicia de forma oportuna por individuos neutrales, competentes, independientes y que poseen criterios éticos.

¿Se han producido avances en el país? Entre las 142 jurisdicciones incluidas en el Índice de Estado de Derecho de 2024, la República Dominicana ocupó la posición 86. En 2020, ocupaba el puesto 90. A pesar de las cuatro posiciones escaladas, la puntuación ha permanecido prácticamente invariable: 0.48 en 2020 y 0.49 en 2024.
En el gráfico es posible percatarse de que Singapur, Irlanda y Luxemburgo son los países con mayor PIB por habitante (ajustados por paridad del poder adquisitivo), poseen altas puntuaciones en el índice y, en adición, se encuentran entre las economías con menores impuestos sobre la renta a las empresas. Esto último debe ser ponderado muy seriamente. Irlanda tiene una tasa de impuesto a las empresas de 12.5 %, Luxemburgo aplica una tasa que no supera el 17.12 %, mientras que en Singapur la tasa es del 17.0 %.
Sería ingenuo pensar que el derecho es un árbitro neutral y objetivo. Siempre que en cualquier esfera de la vida interviene la política es posible anticipar distorsiones y privilegios. Lo importante es que estas sean mínimas. Es hacia esa meta que deben moverse los países; y es una responsabilidad de la sociedad civil servir de contrapeso a cualquier tipo de oportunismo político; un elemento que siempre ha existido y existirá, porque es parte del comportamiento humano al ejercer el poder.
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Una colaboración del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (Crees).