Tragedia en San Cristóbal: dos años de incertidumbre y promesas incumplidas
A dos años de la explosión en San Cristóbal, las familias siguen en busca de respuestas y apoyo de las autoridades
Nicole Izquierdo
Este miércoles 14 de agosto se cumplieron dos años de la explosión ocurrida en la zona céntrica de San Cristóbal en 2023, tragedia que dejó decenas de muertos, heridos y al menos 12 personas desaparecidas. Pese al paso del tiempo, familiares y sobrevivientes denuncian que siguen esperando justicia, respuestas oficiales y las ayudas prometidas.
La jornada conmemorativa inició con un culto en memoria de las víctimas, seguido de un recorrido desde la denominada "zona cero" hasta el parque 6 de Noviembre. Allí participaron familiares, sobrevivientes y comunitarios, quienes exigieron mayor atención por parte de las autoridades.
Entre los desaparecidos aún se encuentra Irma Isabel Dipré, quien fue declarada jurídicamente fallecida por el Congreso Nacional junto a otras 11 personas, mediante una ley transitoria que acortó el plazo legal de siete a diez años para emitir la declaración.
Su esposo sí fue rescatado con vida en la tragedia, pero falleció tiempo después, dejando huérfanos a varios hijos, dos de ellos menores de edad.
La custodia de los niños fue otorgada a sus abuelos, quienes relatan que, pese a la declaración oficial de fallecimiento, no han recibido la pensión ni otros beneficios estatales que deberían ayudar en la manutención de los menores. "A dos años, después de dar viajes y completar documentos, nos dijeron que nos llamarían... pero nada. Las cosas del Estado son lentas, lentas, lentas", expresó Julio Dipré, padre de Irma.
Ayudas retiradas y promesas incumplidas
La situación se repite con otros afectados. Rafael Santiago, sobreviviente de la explosión, afirmó que en los primeros meses recibió una ayuda mensual de 20,000 pesos, pero luego fue suspendida bajo el alegato de que se les otorgaría una pensión. "Todavía estamos esperando. Cuando pregunto, me dicen que no hay nada", dijo.
En medio del dolor y las secuelas físicas y emocionales, las familias aseguran que el Estado no ha cumplido plenamente las promesas de apoyo. Dos años después, persiste la incertidumbre sobre el destino de las víctimas desaparecidas y el cumplimiento de las compensaciones y pensiones a las que tendrían derecho.
Nicole Izquierdo
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