Las cafeterías escolares no podrán vender refrescos ni comida procesada, según proyecto de ley
El proyecto de ley quedó pendiente para un conocimiento en una segunda discusión
Ismael Hiraldo
La Cámara de Diputados aprobó en primera lectura este miércoles un proyecto de ley sobre alimentación y nutrición escolar que contempla la prohibición de vender refrescos y productos procesados en las cafeterías de los centros educativos.
La iniciativa, presentada por la diputada Nelsa Soraya Suárez, prohíbe expresamente la promoción, venta o distribución de productos ultraprocesados, con altos niveles de azúcar o sodio, así como bebidas azucaradas que no se consideren saludables para los niños.
Según lo que establece el artículo 31 del proyecto, los alimentos consumidos en las escuelas deben cumplir con el propósito de aportar los nutrientes esenciales para el desarrollo físico e intelectual de los estudiantes.
La iniciativa también dispone que las comidas escolares deben ser preparadas en los propios planteles, por lo que el sistema educativo deberá garantizar la disponibilidad de las instalaciones necesarias para ello. En caso de que estas no existan, se establece que las cocinas externas no deben estar a más de mil metros del centro educativo.
El objetivo de esta disposición es asegurar un mejor control en el suministro y la calidad de los alimentos, así como reducir riesgos de contaminación, según expresan los artículos de la pieza.
Mientras se completan las instalaciones de cocinas en los centros, los suplidores externos podrán continuar ofreciendo sus servicios, de acuerdo con lo estipulado en la propuesta legislativa.
Compra local
Por otro lado, el artículo 57 del proyecto establece que las escuelas deberán priorizar la compra de productos agropecuarios provenientes de sus propias comunidades, con la finalidad de apoyar la agricultura familiar y preservar la cultura alimentaria local.
Sanciones por incumplimiento
En cuanto a las sanciones, la iniciativa contempla penalidades para los directores escolares que hagan un uso indebido de los fondos destinados a la alimentación estudiantil.
También contempla castigos para los proveedores que hayan obtenido contratos mediante prácticas fraudulentas o que pongan en riesgo la salud de los alumnos por la baja calidad de los alimentos suministrados.
El proyecto ahora deberá debatirse en una segunda discusión para posteriormente pasar al Senado, donde deberá seguir el mismo trámite de estudios en una comisión y aprobación en dos lecturas.
Ismael HiraldoPeriodista dominicano. Escribe sobre temas legislativos y políticos.
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