Juan Bolívar Díaz se solidariza con demanda de periodistas y explica por qué no se querelló
Aclaró que las demandas no buscan limitar el debate público ni restringir la crítica
Diario Libre
El periodista y diplomático Juan Bolívar Díaz expresó este lunes su respaldo a la querella penal interpuesta por sus colegas Marino Zapete, Edith Febles, Altagracia Salazar y Mariasela Álvarez, quienes acusan a cuatro comunicadores de encabezar una supuesta campaña de difamación basada en informaciones falsas y sin ningún sustento.
En una declaración pública enviada desde México, donde reside como embajador, Díaz aseguró que también fue víctima de la misma campaña, en la que se le presentó falsamente como "Agente Especial de la USAID" con un supuesto salario mensual.
Aunque inicialmente participó en el proceso para formalizar la demanda, explicó que decidió no figurar como querellante por recomendación de sus abogados, quienes advirtieron que su situación de residencia en el exterior podría ser utilizada para generar obstáculos procesales.
"No firmo la demanda solo por razones estratégicas, no por falta de convicción", puntualizó.
Los acusados en la querella penal son Juan Aníbal Arrendel Núñez, Alfredo de Dios de la Cruz Carvajal, Pedro Manuel Casals García y Aquiles Jiménez Fernández, quienes, según los periodistas demandantes, han "traspasado los límites del ejercicio legítimo de la libertad de expresión para convertirse en ataques personales con consecuencias reputacionales graves".
Comparte plenamente
Juan Bolívar Díaz enfatizó que comparte plenamente los objetivos de la acción judicial: proteger el honor y la dignidad de los periodistas afectados, rechazar el uso irresponsable de las plataformas de comunicación para difamar sin pruebas y promover una cultura democrática basada en el respeto y el debate con argumentos.
"El objetivo de la querella no es limitar la crítica ni el debate público, sino poner freno al uso abusivo de la libertad de expresión para dañar reputaciones sin fundamento", señaló.
Asimismo, suscribió el pronunciamiento emitido por los demandantes el 11 de mayo, en el que aclaran que la querella penal busca sanear el espacio público y llamar a una convivencia democrática basada en el respeto mutuo.
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