VIDEO | Aplazan para el 20 de agosto medida de coerción a acusados en estafa a los abuelos
El Ministerio Público solicitó al tribunal imponer 18 meses de prisión preventiva como medida de coerción a seis imputados
Nathaly Tavarez
La jueza Stephany Reyes, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago, aplazó para el próximo miércoles 20 de agosto la audiencia para conocer la solicitud de medida de coerción contra seis implicados en una red de estafa a ciudadanos estadounidenses.
Según informaron los abogados defensores, el aplazamiento fue solicitado para que la acusación del Ministerio Público sea notificada de manera física y no digital, con el objetivo de analizar a fondo el expediente y preparar adecuadamente la defensa de los imputados.
El Ministerio Público solicitó al tribunal imponer 18 meses de prisión preventiva como medida de coerción a seis personas señaladas por su presunta participación en delitos como fraude informático, robo de datos personales, suplantación de identidad y lavado de activos.
Las autoridades sostienen que estos crímenes se cometieron con apoyo de una estructura delictiva desmantelada en el marco de la investigación Discovery 3.0, que llevaba más de dos años en desarrollo.
La audiencia se llevará a cabo contra los imputados Jesús Manuel Castaños Colón, Adderly Antonio Polanco Báez, Bernardo Taveras Vélez, José Ramón López Tavárez, Juan Luis Naranjo Gómez y Luis Eduardo Méndez Ureña.
Solicitados en extradición
En paralelo, ante la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, el Ministerio Público también solicitó prisión preventiva para cuatro dominicanos solicitados en extradición por las autoridades de Estados Unidos.
Estos son Oscar Manuel Castaños García (alias Oscar Castaños, Oscar García u Oscar Castaño García), Joel José Cruz Rodríguez (alias Paflow o Pa Flow), Edward José Puello García y Gerardo Heriberto Núñez Núñez (también identificado como José Núñez Núñez).
Los cargos en contra de estos incluyen asociación delictuosa para cometer fraude postal y electrónico, así como lavado de dinero.
Además de las medidas cautelares, el órgano acusador solicitó que se declare el caso como complejo, argumentando que involucra una estructura de criminalidad organizada, múltiples imputados y un gran número de víctimas, principalmente personas de edad avanzada residentes en Estados Unidos.
El equipo del Ministerio Público que presentó la medida de coerción está encabezado por el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución, junto a Ramona Nova, de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo; Quirsa Abreu, fiscal titular interina de Santiago; y los fiscales Joanna García y Claudio Cordero.
En el proceso ante la Suprema Corte, la acusación está a cargo del procurador adjunto Osvaldo Bonilla, director de Cooperación Jurídica Internacional y Derechos Humanos.
Nathaly Tavarez
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