Lord Robert Reed, presidente de la Suprema Corte Británica: "No maten el mensajero"

En tiempos de intensos debates sobre identidad, derechos y lenguaje, el magistrado Robert Reed lidera una institución que ha estado en el centro de esa encrucijada. Bajo su presidencia, el alto tribunal emitió una decisión unánime que estableció que el término "mujer" en la Ley de Igualdad británica debe entenderse como una referencia al sexo biológico.

Lord Robert Reed, el presidente de la Corte Suprema del Reino Unido desde 2020, visita el país con ocasión de la XXII Cumbre Judicial de Iberoamérica.

Con una carrera destacada en la judicatura y una firme defensa de la separación de poderes, ha liderado el más alto tribunal británico en momentos de fuerte tensión constitucional, como el Brexit y, recientemente, fallos que han generado amplio debate social.

En esta conversación con el presidente del Grupo Diario Libre y exembajador en el Reino Unido, Aníbal de Castro, aborda el rol del poder judicial, la interpretación legal en tiempos de cambio y el futuro de la justicia internacional.

ADC. Muchas gracias por esta oportunidad de hablar con usted y hacerle algunas preguntas, algunas más específicas que otras. Y, por supuesto, el Tribunal Supremo británico estuvo recientemente en las noticias, incluso aquí, por la definición de mujer. Así que, aunque prometo ser indulgente, esa tiene que ser la primera pregunta.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/05/15/imagen-2f3a2102-20eb8c19.jpg

—Dada la decisión unánime del Tribunal de que la palabra "mujer" en la Ley de Igualdad se refiere al sexo biológico, y el debate público más amplio en torno a la identidad de género, ¿cómo sopesa el Tribunal el posible impacto social de un fallo como este, especialmente cuando la definición legal podría no coincidir con cómo algunas personas experimentan sus vidas? ¿Le preocupa que este fallo pueda ser utilizado de manera más amplia para justificar conductas excluyentes que van más allá de lo que la ley realmente establece?

No. Nosotros, como jueces, tenemos una tarea muy específica: interpretar la legislación de buena fe, conforme a la ley. No es nuestra función hacer política social. En este caso, estábamos interpretando una legislación particular. Cuando analizamos la ley, el texto solo tenía sentido si se interpretaba el término "mujer" como una mujer biológica.

Permítame darle un ejemplo. Había disposiciones que requerían que los empleadores tomaran medidas especiales para la protección de las mujeres en relación con el embarazo, la maternidad y otras condiciones específicas de las mujeres.

Ahora bien, si la categoría "mujeres" pudiera incluir varones biológicos, y si no incluyera a todas las mujeres biológicas, entonces no existiría tal cosa como una condición específica de las mujeres.

Por ejemplo, según esa definición, las mujeres podrían contraer cáncer de próstata. Los hombres podrían contraer cáncer de ovarios. Así que una interpretación de la palabra "mujer" que incluyera a mujeres no biológicas simplemente no tenía sentido.

Por lo tanto, estaba claro lo que el Parlamento había querido cuando promulgó la legislación en 2010. Así que interpretamos según lo que dice el texto. La reacción, por supuesto, ha sido muy variada.

Pero para quienes no están conformes con el resultado, mi mensaje es: no maten al mensajero. Si no están de acuerdo con la ley promulgada por el Parlamento, entonces pueden hacer campaña para cambiarla.

Esa es la respuesta apropiada si no están conformes, no atacar a los jueces que han interpretado la ley conforme a lo que establece.

—Sí, creo que está claro que el trabajo del tribunal es interpretar la ley, pero sus decisiones inevitablemente moldean las actitudes públicas y la política. En este caso, ¿cree usted que el fallo brinda suficiente claridad para evitar que se use mal, digamos, en debates sobre el acceso a servicios o espacios públicos? ¿O ahora le corresponde al Parlamento intervenir y ajustar las cosas mediante legislación?

Bueno, actualmente hay un animado debate público. Nuestro fallo ha dado lugar a preguntas porque la práctica en algunos sectores no era coherente con lo que hemos determinado.

Por ejemplo, en el deporte, permitir que varones biológicos compitan como mujeres en disciplinas donde tienen una ventaja competitiva debido a mayor fuerza. Así que se están introduciendo cambios.

Tenemos un organismo legal llamado la Comisión de Igualdad y Derechos Humanos, cuya función es emitir recomendaciones sobre la implementación de la ley. Y ahora lo están haciendo a la luz de nuestro fallo. Seguirán existiendo personas que no estén de acuerdo con el resultado.

Y, como digo, esas personas tienen todo el derecho de abogar por un cambio en la ley. Todos reconocemos en el Reino Unido que hay personas vulnerables al acoso y la discriminación porque son varones biológicos que han realizado una transición médica para adquirir un género legal femenino para algunos fines, pero no para todos.

—Bien, hay otro tema que me interesa mucho y es el impacto del Brexit. Desde que se salió de la UE, ¿cómo ha cambiado el Brexit el trabajo de los tribunales del Reino Unido? Pienso en cómo abordan ahora la interpretación legal, qué precedentes tienen peso y cómo se dividen los poderes entre el poder judicial y el Parlamento. ¿Diría usted que ha hecho que el poder judicial sea más independiente o ha abierto nuevas preguntas constitucionales?

Las cuestiones constitucionales que han surgido no han afectado realmente al poder judicial. Han sido resultado de la repatriación de competencias de Bruselas al Reino Unido.

En el Reino Unido tenemos un sistema donde algunas funciones se ejercen centralmente por el gobierno británico y otras por gobiernos regionales con competencias descentralizadas, algo parecido a España, por ejemplo. Y ha habido una especie de lucha sobre quién debería recibir los poderes que regresaron de Bruselas.

En lo que respecta a los tribunales, la principal diferencia es que ya no podemos remitir preguntas sobre interpretación del derecho de la UE al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en Luxemburgo.

Como resultado del Brexit, gran parte de nuestra legislación provenía de la UE, pero fue convertida en derecho nacional británico de la noche a la mañana y ahora debemos interpretarla.

Pero mucho de ese derecho no tiene una forma convencional británica: está redactado en un lenguaje muy amplio. El tribunal de Luxemburgo solía interpretarlo formalmente a la luz de las propuestas de los Estados miembros y de la Comisión Europea, adoptando una interpretación basada en principios políticos.

Nosotros no podemos seguir esa metodología, así que adoptamos un enfoque más estrecho, basado en el texto, y a veces eso nos presenta dificultades técnicas en la aplicación legal.

—Ahora tengo una pregunta sobre el derecho internacional y su aplicación selectiva. Con la reciente decisión de la ICC de solicitar órdenes de arresto tanto para líderes israelíes como de Hamas, la atención vuelve a centrarse en la justicia internacional. Pero cuando algunos países rechazan la autoridad del tribunal y otros solo siguen las reglas cuando les conviene, ¿puede realmente funcionar el sistema? ¿Y ve usted un papel para los tribunales nacionales en la defensa o alineación con el derecho internacional en este tipo de contexto global tan frágil?

Bueno, creo que hablando en términos generales, los tribunales nacionales pueden desempeñar un papel importante cuando el derecho internacional pertinente ha sido incorporado en el orden jurídico nacional. Le daré dos ejemplos.

El general Pinochet fue arrestado en el Reino Unido. (ADC. Lo recuerdo muy bien) Fue arrestado porque habíamos incorporado el tratado a nuestra legislación nacional.

De hecho, fue arrestado en virtud de una orden emitida por tribunales españoles. Y teníamos un acuerdo con España para extraditar personas requeridas allá. Así que ese es un ejemplo.

Otro más reciente: tal vez recuerde al dictador de Liberia, Charles Taylor. Su esposa vivía en el Reino Unido y fue acusada de delitos de tortura bajo la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura.

Y pudimos tramitar el caso y autorizar su arresto en el Reino Unido porque esa convención había sido incorporada a nuestra legislación. Así que, siempre que exista una base legal nacional para aplicar el derecho internacional, lo haremos.

—Bien, más o menos en la misma línea. Dado el gran desequilibrio en el poder global y lo débil que a menudo es la aplicación, ¿diría usted que la justicia global es un concepto funcional actualmente? Y si lo es, ¿qué cambios institucionales serían necesarios para que sea más justa, creíble y efectiva?

Esa es una pregunta muy grande. ¿Se refiere usted a la justicia en términos legales más que a la justicia social?

—Sí.

No puedo hacer mucho respecto a la justicia social, me temo.

—Lo sé, lo sé.

En cuanto a los asuntos legales, nosotros, en mi tribunal... bueno, primero que nada, como país, el Reino Unido, como muchos otros, intenta promover la cooperación internacional en materia legal.

Por ejemplo, para combatir el lavado de dinero o la migración ilegal, o trabajar de forma más efectiva en áreas como el derecho de familia, donde hay cada vez más familias con personas de distintos países. Tiene que haber cooperación entre países y entre sus tribunales, lo que a menudo depende de la confianza mutua.

Debemos confiar en que los tribunales de otro país son honestos, razonablemente eficientes y políticamente independientes. Y por eso trabajamos mucho con otros tribunales, por ejemplo, de la República Dominicana y otros del Caribe, para conocernos mejor, evaluar si los tribunales son honestos, eficientes e independientes.

Y, donde lo son, establecer mecanismos de cooperación entre nosotros.

—Este es un tema que usted conoce muy bien: la independencia y el poder ejecutivo. En una época donde los gobiernos parecen más autoritarios y centralizados, ¿cómo ve usted el rol del poder judicial en mantener el equilibrio entre los poderes sin cruzar la línea hacia la formulación de políticas?

Bueno, como usted dice, es importante que no crucemos esa línea. Y por eso, en los casos, obviamente hay asuntos que se nos presentan donde se cuestionan decisiones del gobierno o, en países con constitución como este, donde se impugna una ley.

Y los tribunales deben otorgar el peso adecuado a los juicios realizados por quienes tienen un mandato democrático para formular política social, algo que los tribunales no tienen.

Pero también debemos ser valientes cuando sea necesario para defender la constitución, los derechos de las minorías cuando sea impopular, y los derechos individuales.

Por ejemplo, en mi país, durante el período del Brexit, hubo un caso complicado sobre el gobierno suspendiendo el funcionamiento del Parlamento porque podría tener dificultades para aprobar sus propuestas.

Y tuvimos que decidir que el Parlamento era la autoridad suprema en nuestro país y que no era una cuestión para que el gobierno decidiera cuándo debía reunirse el Parlamento o suspenderlo a su antojo, como era el argumento presentado.

Fue una decisión muy controvertida, por supuesto, pero tuvimos que tener el valor de tomarla y aceptar las consecuencias. Así que creo que, en los niveles más altos del poder judicial, se necesitan jueces con una gran sensibilidad para juzgar dónde están los límites.

Y también considero importante tanto interactuar con los medios para ayudarles a entender mejor nuestro rol, como dialogar con parlamentarios para que comprendan cuál es el papel constitucional de un tribunal. Y que el mandato democrático de un gobierno no es un cheque en blanco, que hay límites constitucionales que los tribunales deben aplicar.

—Una última pregunta. Usted sabe que la sociedad cambia, cambian los valores, la moral, etc. ¿Cómo deben enfrentar los tribunales estos cambios? ¿Deben los jueces interpretar la ley de forma más progresista para mantenerse al día o deben contenerse y dejar el cambio al Parlamento?

Bueno, creo que la respuesta puede depender en parte de la tradición legal particular. Pero en nuestra tradición, los tribunales ciertamente tienen un papel en mantener actualizada la ley.

Tenemos lo que se llama un sistema de "common law". Se remonta tradicionalmente al año 1189. No es lo mismo hoy que en 1189. Y eso se debe a que los jueces la desarrollan constantemente.

Actualmente, bajo nuestra interpretación constitucional, dejamos los grandes cambios al Parlamento, los pasos importantes son del Parlamento, pero hacemos ajustes más modestos de forma continua.

Por ejemplo, mi tribunal tomó recientemente una decisión importante que exige que los médicos obtengan el consentimiento informado de sus pacientes como un requisito legal.

Antes, se consideraba que era una cuestión de juicio médico cuánto debía informarse a un paciente. Esa fue una modificación legal que hicimos en respuesta a nuestra percepción de que en la sociedad actual los pacientes esperan estar más involucrados en las decisiones sobre su tratamiento.

Y la idea paternalista de que el médico sabe lo que es mejor había quedado obsoleta, aunque tal vez era apropiada hace 50 o 60 años. Y esa decisión no generó ninguna controversia.

Reflejaba lo que la mayoría de la gente creía. Por otro lado, tuvimos un caso en el que se nos pidió reconocer un derecho al suicidio asistido para personas con enfermedades graves.

En ese momento era un tema muy controvertido. Decir que una persona podía ayudar a otra a quitarse la vida y que eso ya no fuera un delito sería un gran cambio legal, para el cual no había un consenso general de apoyo.

Así que dijimos que no, que ese era un asunto que dejábamos al Parlamento.

Así que hacemos un juicio, en realidad, sobre cuán drástico es el cambio propuesto. Uno de mis predecesores —no sé si está familiarizado con el críquet.—

—Sí.

Bien. Uno de mis predecesores dijo que la "common law" anota sus carreras de una en una y no pega jonrones. Es una buena forma de decirlo.

— Correcto. Muchas gracias, señor Presidente.

Gracias. Ha sido un placer.

—Gracias. Un placer para mí.

Aníbal de Castro

Aníbal de Castro carga con décadas de periodismo en la radio, televisión y prensa escrita. Toma una pausa en la diplomacia y vuelve a su profesión original en DL.