Defensa dice interrogatorio a perito revela inconsistencias sobre declaración jurada de Adán Cáceres
Abogado de Cáceres dijo que también pusieron en evidencia que el informe de la Cámara de Cuentas carece de trazabilidad financiera y que fue elaborado sin aplicar normas técnicas internacionales
Wilder Páez
La defensa del imputado Adán Benoni Cáceres Silvestre informó este martes que, durante el juicio del caso Coral, la perito de la Cámara de Cuentas Alexandra Chevalier admitió que esa institución omitió informaciones clave que permitirían justificar el patrimonio del mayor general.
De acuerdo con las declaraciones del abogado Cristian Alberto Martínez Carrasco, la representante de la Cámara de Cuentas reconoció, además, que el informe no era concluyente, se elaboró sin participación de la defensa y carecía de respaldo documental en varios puntos fundamentales.
Dijo que en el contrainterrogatorio que realizó a la testigo, se "evidenció contradicciones, omisiones y deficiencias metodológicas en el informe", que constituye uno de los principales sustentos de la acusación presentada por el Ministerio Público contra el exjefe del cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep).
"La perito, interrogada por la defensa, incurrió en contradicciones y admitió limitaciones sustanciales en su trabajo. No pudo explicar por qué omitió ingresos anteriores del imputado ni por qué excluyó bienes del patrimonio conyugal adquiridos antes y durante su gestión al frente del Cuerpo de Seguridad Presidencial", indicó Martínez Carrasco.
Informe carece de trazabilidad
Manifestó que la defensa también puso en evidencia que el informe carece de trazabilidad financiera, fue elaborado sin aplicar normas técnicas internacionales y que sus resultados no se vinculan de forma directa con ningún tipo penal.
"El tribunal ha podido comprobar que este informe no tiene la solidez jurídica ni la neutralidad técnica que exige el proceso penal. Ha quedado en evidencia que se trata de una construcción incompleta, sesgada y profundamente inconsistente", afirmó el abogado al concluir el interrogatorio.
A juicio de la defensa, este momento marca un hito en el proceso, al desmontar uno de los pilares técnicos del expediente y posicionar a la barra defensora en un punto clave para cuestionar el relato del Ministerio Público.
Respuesta del Ministerio Público
En cambio, el Ministerio Público alegó que la perito de la Cámara de Cuentas estableció que el oficial Cáceres Silvestre presenta un enriquecimiento injustificado de más del 100 % en sus declaraciones juradas.
El fiscal litigante Jonathan Pérez, de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), explicó que también fue presentada como testigo una cajera de la sucursal del Banco de Reservas, donde se "hacían todas las operaciones del entramado", quien estableció que las transacciones se hacían por instrucciones de la acusada Esmeralda Ortega Polanco, quien se desempeñaba como gerente de la entidad financiera.
"Con esa prueba testimonial quedó establecido que Ortega Polanco violaba los protocolos internos del área de caja para favorecer a la estructura dirigida en la parte financiera por el coronel de la Policía Rafael Núñez De Aza", dijo el Ministerio Público a través de una nota de prensa.
Pérez agregó que también presentaron los testimonios de los auditores de la Cámara de Cuentas, estableciendo la primera de estas las supuestas omisiones de Juan Carlos Torres Robiou en su patrimonio y en el de su esposa Greybby Cuello Coste.
En ese mismo orden, detalló que también se presentó la perito que realizó el análisis de la declaración jurada del general Julio Camilo de los Santos Viola, "estableciéndose, igualmente, un enriquecimiento injustificado". Indicó que el oficial adquirió más de 20 inmuebles en el año 2022, sin justificación alguna.
"A la fecha se han presentado 306 testigos de 438", destacó el Ministerio Público, representado en audiencia por la procuradora de corte Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), y los fiscales Jonathan Pérez, Miguel Collado, Enmanuel Ramírez, Melbin Romero y Arolin Lemos.
Las juezas Gisselle Méndez, Jissel Naranjo y Tania Yunes, del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, luego de concluir la jornada, aplazaron la audiencia para el próximo martes 29 de abril.
La acusación
El supuesto entramado de corrupción administrativa, que estafó al Estado con más de 4,500 millones de pesos, fue desmantelado con las operaciones Coral y Coral 5G.
El Ministerio Público señala al general Adán Cáceres Sivestre, exjefe del cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), como la persona que dirigió al grupo de 30 personas físicas y 18 personas jurídicas, entre los años 2012 y 2020.
Igualmente, los acusan de sustraer los fondos de inteligencia del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep) y del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur).
Además de Adán Cáceres Silvestre, acusan a los generales de la Fuerza Aérea de la República Dominicana (FARD), Julio Camilo de los Santos Viola y Juan Carlos Torres Robiou. También, el coronel policial Rafael Núñez de Aza, el mayor del Ejército de la República Dominicana (ERD) Raúl Alejandro Girón Jiménez y el sargento de la Armada, Alejandro José Montero Cruz. Asimismo, Rossy Guzmán Sánchez (la Pastora) y su hijo, el cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán.
De igual manera, José Manuel Rosario Pirón, así como Carlos Lantigua, Alfredo Pichardo, Erasmo Roger Pérez, Jehohanan Lucía Rodríguez, Yehudy Blandesmil Guzmán y Esmeralda Ortega Polanco.
Wilder PáezPeriodista y locutor dominicano, egresado de la UASD. Cubre la fuente del Congreso Nacional y Política para Diario Libre. También ha laborado para los periódicos Listín Diario y El Nuevo Diario.
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