Aplazan juicio de fondo contra implicados en operación Gavilán
Durante la sesión, el tribunal levantó la rebeldía al fiscalizador Luis Peña Cedeño

El Cuarto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional suspendió este jueves el inicio del juicio de fondo contra los implicados en una presunta red que operaba en la Procuraduría General de la República, encargada de eliminar antecedentes penales de delincuentes y presos a cambio de sobornos. La red fue desmantelada en agosto de 2024 mediante la Operación Gavilán. Según la acusación, empleados de la Dirección de Tecnología de la Procuraduría General de la República, de aprovechar su acceso a la base de datos del Sistema de Casos y Expedientes para alterar y eliminar registros penales.
La audiencia fue aplazada debido a la ausencia de algunos abogados de los imputados, además de la renuncia de uno de los defensores, lo que obliga a remitir el caso a la Defensoría Pública.
Durante la sesión, el tribunal levantó la rebeldía al fiscalizador Luis Peña Cedeño, quien encabeza el expediente depositado en el tribunal.
"Gracias a un pedimento que hicimos, como abogado de Alfredo Mirambeaux Villalona, el tribunal nos concedió el reconocimiento de un caso complejo y, por lo tanto, los casos, 305, se duplican", explicó el abogado Carlos Mesa a la salida de la audiencia.
Las nuevas audiencias fueron fijadas para los días 18, 20 y 24 de febrero.
Implicados en el expediente
Entre los acusados figuran Domingo Julio Santana Sánchez, Luis Astacio Polanco, Katherine F. Astacio Polanco, Jancely Arias López y el agente policial Anthony Vicente Ferrer Monegro. También están incluidos Víctor G. Mercedes Gómez, Dilcia A. Núñez Santos, Romanqui Alexander Dotel, José Ramón Quezada Carmona, Ashly Darleny Morbán Reyes, Laudelina E. Reyes Silva, Pilar Yrene Medina Trinidad y Alfredo Mirambeaux Villalona.
Asimismo, se formalizó la acusación contra Mártires Rosario Reyes, Rubén Darío Morbán Reyes, Yolaira Elizabeth Carmona y la empresa Nexcom Tecnología. La mayoría de los imputados cumplen medidas de coerción.
¿Cómo funcionaba la red?
El Ministerio Público acusa a los empleados de la Dirección de Tecnología de la Procuraduría General de la República, Alfredo Mirambeaux, Mártires Rosario y Rubén Darío Morbán, de aprovechar su acceso a la base de datos del Sistema de Casos y Expedientes para alterar y eliminar registros penales.
Según la investigación del órgano acusador, estos empleados actuaban como intermediarios entre los interesados en borrar su historial judicial y los encargados de modificar los documentos, cobrando entre 8,000 y 30,000 pesos por cada operación ilícita.
A través de esta práctica, los implicados manipulaban la base de datos editando los registros de identidad, modificando números de cédula o agregando otros, de manera que, al consultar el sistema, las personas afectadas no aparecieran con antecedentes penales. El Ministerio Público identificó un total de 16,958 alteraciones de documentos, incluyendo 8,406 registros con 12 dígitos y 8,552 con 10 dígitos.
De acuerdo con las informaciones del Ministerio Público, Joel Ambiorix Pimentel García (la J) y José Hamilton Ureña (Nino Come Mezcla), son dos de los principales investigados de la Operación Halcón IV, y decenas de casos de crimen organizado, incluyendo de algunos de alta connotación pública, figuran entre los beneficiados de forma reiterada por las acciones criminales que enfrenta el Ministerio Público con la Operación Gavilán.
"La J estaba preso en España, país que lo liberó hace unos meses. El 17 de este mes, su abogado, Pimentel García, dijo que éste tenía dos meses que había sido puesto en libertad. Estuvo preso acusado de asesinatos, amenazas de muerte y narcotráfico."