VIDEO | Varían coerción a exdirector de la Procuraduría General acusado en caso Medusa
En vez de arresto domiciliario, ahora deberá pagar una fianza de 5 millones y presentarse periódicamente ante el Ministerio Público
El Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional varió la medida de coerción, de arresto domiciliario por presentación periódica e impedimento de salida del país al exdirector administrativo de la Procuraduría General de la República (PGR) Jonathan Joel Rodríguez Imbert, quien es uno de los principales acusados en el caso de corrupción Operación Medusa.
Además de presentarse periódicamente ante el Ministerio Público los días 14 de cada mes, Rodríguez Imbert también deberá pagar una fianza de 5 millones de pesos.
Se recuerda que en la etapa preliminar del caso, el acusado admitió haber pagado sobornos a contratistas del plan de humanización de las cárceles, pero aseguró que lo hizo por instrucción del exprocurador Jean Alain Rodríguez y el exjefe de Gabinete de la PGR Rafael Canó Sacco.
El Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional justificó la variación de la medida de coerción a Rodríguez Imbert al señalar que las circunstancias han cambiado y que el imputado ha cumplido un total de 37 meses entre arresto domiciliario y prisión preventiva, lo que de, acuerdo a su abogada, Ingrid Hidalgo, puede considerarse como una pena anticipada.
Vuelven aplazar juicio de caso Medusa, esta vez por muerte de madre de uno de los acusados
Los dos hombres de más confianza de Jean Alain Rodríguez lo hunden
¿Qué dijo el imputado que implicó directamente a Jean Alain y a Rafael Canó en corrupción?
"Jonathan siempre ha mantenido una defensa positiva, sin llegar a ningún acuerdo con el Ministerio Público", comentó su abogado, quien subrayó que el exdirector ha asumido su responsabilidad en los hechos.
Al admitir su culpabilidad, antes de ser enviado a juicio de fondo, Rodríguez Imbert dijo que el exprocurador y Canó le "instruían" juntarse con los contratistas y empresas de alimentos que suplían las cárceles y que ganaron las licitaciones irregularmente, para "recoger el por ciento acordado de las obras y alimentos para luego entregárselos a ellos "tanto en sus oficinas o casas".
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