MP detalla "las características de la organización criminal" a la que vinculan a Hugo Beras

El Ministerio Público solicitó medida de coerción consistente en prisión preventiva contra Hugo Beras, exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), el empresario Jochi Gómez y otros cinco imputados en el caso Camaleón, por alegadamente constituir "una red de corrupción y crimen organizado dedicada al desfalco, estafa contra el Estado, falsificación, coalición de funcionarios, contrabando, comercio ilícito, sabotaje y terrorismo contra infraestructura crítica", por medio de alta tecnología y robo de identidad.

En el expediente de solicitud de medida de coerción, que consta de 304 páginas, el órgano del Estado detalla las "características de la organización criminal por contratos millonarios" entre el Intrant y la empresa Transcore Latam, ofreciendo un panorama exhaustivo de las actividades ilícitas en las que habrían estado involucrados los imputados.

A continuación, compartimos las 25 características de manera íntegra:

• Crearon una organización criminal con participación activa de funcionarios, exempleados y ciudadanos con historial de haber participado en hechos delictivos.
• Seleccionaron al oferente antes de subir el proceso de licitación al portal institucional.
• El oferente seleccionado participó en la elaboración del pliego de condiciones, el cual se estuvo trabajado en su empresa, evidentemente que se hizo un traje a la medida.
• El Director Ejecutivo del Intrant puso en manos de una persona reconocida y con antecedentes de hacer uso ilícito de las informaciones, la red semafórica del Gran Santo Domingo.
• El Director Ejecutivo del Intrant compartía de forma habitual, en actividades sociales y actividades familiares del imputado.
• Lograron que el Ministerio de Defensa, en junio del 2020, le firmara un contrato ilegal, para la organización criminal tener acceso a informaciones sensitivas del Estado, ingresar al país equipos propios de las agencias de inteligencia, seguridad y defensa del Estado.
• Utilizaron el contrato ilegal para traer al país tecnología que son autorizadas para uso exclusivo de los organismos de inteligencia, seguridad y defensa.
• Adulteraron un arma de fuego, de la que tenía licencia, convirtiéndola en un arma de guerra.
• Las autoridades ejecutivas imputadas ocultaron las informaciones e incidencias que indicaban que debía de detener la licitación, lo hicieron por absoluto compromiso con la maniobra fraudulenta para favorecer a sus asociados criminales.
• Impugnaron la decisión del órgano control que le notificó las graves irregularidades del proceso de licitación.
• Los funcionarios públicos, al momento de los hechos, recibieron soborno para favorecer a los imputados que eran parte del entramado societario.
• Usurparon la identidad de agencias de defensa y seguridad del Estado colocando cientos de cámaras, en sectores del gran Santo Domingo, sin tener autorización.
• La estructura societaria tenía absoluto control del sistema de monitoreo de la red semafórica y del sistema de cámara de la agencia de seguridad del Estado, a la que la estructura colocó en múltiples sectores del Gran Santo Domingo.
• Amenazaron y cumplieron. En el mes de agosto, los imputados causaron un sabotaje a la red semafórica del gran Santo Domingo.
• Excedieron el contrato firmado con relación al pliego de condiciones y la ejecución excedió el contrato.
• Robaron y usaron identidad de personas físicas y jurídicas para participar en el proceso de licitación fraudulento.
• Crearon un consorcio que era realmente otra maniobra fraudulenta para que también participara en el proceso de licitación como un oferente, pero realmente era una simulación.
• Crearon una compleja red de espionaje satelital.
• Hacían extracciones ilegales de informaciones telefónicas.
• Colocaron drones en lugares estratégicos de la ciudad para hacer vídeo vigilancia para uso ilícito.
• Realizaron acciones administrativas y penales para atacar la suspensión del contrato que había hecho el órgano regulador.
• Atacaron infraestructuras críticas del Estado causando un caos en el tránsito.
• Adquirieron bienes costosos, incluyendo inmuebles y vehículos blindados.
• Lavaron activos productos de las acciones criminales cometidas.
• Infiltraron las distintas investigaciones que se iniciaron, con el objetivo de obstruirla.

Detalles del expediente

El Ministerio Público establece que la estructura de crimen organizado se encontraba conformada por Hugo Marino Leopoldo Beras Goico Ramírez, quien se desempeñó como director ejecutivo del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) desde el 15 de agosto del 2022 hasta el 13 de noviembre del 2023. 

Según refiere el expediente, este coalicionó para violar la ley con Frank Rafael Atilano Díaz Warden, quien se desempañaba en el mismo período como coordinador de despacho y representante del director ejecutivo ante el comité de compras de la entidad; Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, director de tecnología de la información y comunicaciones, y Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo y financiero.

"Los anteriormente señalados formaron una asociación de malhechores con José Ángel Gómez Canaán (Jochi), Pedro Vinicio Padovani Báez, Carlos José Peguero Vargas y la empresa Transcore Latam S.R.L. para estafar al Estado dominicano, amañando un proceso de licitación que le fue adjudicado a estos por la suma de RD$1,317,350,997", señala el documento.

Además de la referida adjudicación, indican que, a través de Transcore Latam S.R.L, a los imputados les fue otorgado el control del sistema semafórico y de video vigilancia del Gran Santo Domingo, quienes procedieron a vincular dichos sistemas en un centro de monitoreo y control de la empresa de nombre AURIX S.A.S., que se dedica a la ''investigación e inteligencia privada", y es propiedad del imputado José Ángel Gómez Canaán (Jochí).

De igual forma, el Ministerio Público establece que crearon un esquema de lavado de activos, a través del cual movilizaban el dinero que Transcore Latam S.R.L. recibió de parte del Intrant y lo transferían a las cuentas de INPROSOL S.R.L., Carlos José Peguero Vargas, Aquiles Jiménez, entre otras personas que se encuentran bajo investigación. 

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