Operación Metal Blanco: Ministerio Público dice red de narcotráfico lavó RD$1,200 millones
De acuerdo con el MP, los presuntos miembros de la red no pueden justificar los bienes que han adquirido
Diario Libre
La Procuraduría General de la República notificó este viernes que presentó la acusación formal contra los supuestos miembros de una red de narcotráfico y lavado de activos que operaban desde la provincia de Barahona.
A los involucrados en la red se le acusa de tráfico de drogas y de haber lavado más de 1,200 millones de pesos y 96,665 dólares en el sistema financiero nacional. El Ministerio Público también indica que estos no han podido justificar los bienes muebles e inmuebles que han ido adquiriendo.
Acusa a 10 personas y una empresa. Ellos son: José Augusto Romero Cedeño, Danny Daniel Dotel de Sena (Ñoño), Walquides Arquímedes Pérez Santana (Pillay), Yuly Esther Pineda Matos, Yoan Moisés Ferreras Báez (Mochi), Máximo Leonardo Rodríguez Pineda, Yajhaira Ferrera Báez, Christelle Cuevas, Cledyn Pérez Féliz, Ruz Esther Matos (Bolola) y la Recicladora de Plástico Compra y Venta de Metales del Sur, SRL.
Destaca de manera particular los movimientos bancarios de Yoan Moisés Ferreras Báez, quien lidera las cifras, con entradas de 830.4 millones de pesos, además de ingresos en dólares de 61,155 dólares.
En el caso de José Augusto Romero Cedeño dice que registró 116 millones de pesos y 34,223 dólares.
A la imputada Ruz Esther Matos se le atribuyen ingresos por 1.3 millones de pesos.
"Mientras que la empresa Recicladora de Plástico Compra y Venta de Metales Del Sur Replacovemesur SRL, también, se destaca como instrumento de la organización criminal con movimientos financieros que revelan ingresos de 35. 8 millones de pesos", destaca la acusación.
Otro de los detenidos y presunto acusado es Cledyn Pérez Féliz, que ya tenía un proceso legal desde el 2019 cuando fue condenado a quince años y pagar una multa de 200 mil pesos, en la actualidad se encontraba en libertad y tendrá que enfrentar un nuevo proceso judicial.
La Procuraduría solicita el decomiso de más de 30 bienes muebles e inmuebles, atribuidos a los vinculados a la red, los cuales están valorados en cientos de millones de pesos.
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