Víctimas del caso Jairo González por estafa con criptomonedas se querellan contra otros imputados
La defensa de 89 víctimas de la presunta estafa reformuló la querella para ampliar la cantidad de imputados
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El Séptimo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional aplazó para el 29 de julio la audiencia preliminar en contra de Jairo González y otros cinco imputados en la supuesta comisión de una estafa de más de 100 millones de pesos a través de criptomonedas que afectó a más de 413 "inversionistas".
Durante la audiencia de este miércoles, el abogado Miguel de León Carbonell y quien defiende a 89 víctimas de estafa, presentó la reformulación de la querella de sus clientes incluyendo a nuevos imputados en este caso.
Estos son Kelmin Santos Rodríguez, Leandro González Espinal, Gregorix Polanco Estévez, Moisés González Rodríguez y William Mejía Martínez, quienes fueron incluidos en la acusación del Ministerio Público.
Este cambio en el proceso obligó a aplazar la audiencia, ya que las otras partes del proceso alegaron que no se les había notificado la ampliación de esta querella.
Para evitar más aplazamientos, el juez de instrucción del Distrito Nacional, Deiby Peguero, exhortó a los abogados a realizar debidamente sus diligencias y asumir la notificación de sus documentos para evitar las dilaciones del proceso judicial.
En ese sentido, fijó para las 9:00 de la mañana del 29 de julio la audiencia de juicio preliminar.
Además de los citados imputados están sindicadas las sociedades comerciales Harvest Trading Cap. SRL, Harvest Group y Asociados SRL, Harvest Trading Academy, SRL y Moon Capital SRL.
Entre las presuntas víctimas de la estafa hay miembros de iglesias, empresarios, artistas y amigos.
Acusación
Los imputados son acusados de asociación de malhechores y estafa, así como violación del artículo 351, numeral 4 de la Ley 249-17, sobre el Mercado de Valores, que sanciona las operaciones de puestos de Bolsa de Valores sin autorización del órgano regulador.
También por violación al artículo 15 de la Ley 53-07, sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, por realizar las diversas captaciones de fondos de manera ilegal utilizando los sistemas informáticos, así como violación del artículo 3, numeral 3 y artículo 9, numeral 2 de la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos, por lo que podrían ser condenados de 10 hasta a 20 años de prisión.
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